La voluntad del presidente Duque para ayudar a sectores populares y resolver el hueco fiscal la reconocemos, pero el proyecto de ley de solidaridad sostenible no tiene futuro; desconozco si será retirado, los partidos políticos Liberal y Cambio Radical, parlamentarios de otras colectividades han anunciado que si continúa el trámite lo votarán negativamente. Existe inconformidad ciudadana y aparecen manifestaciones de protesta social que ojalá no perturben el orden público.

Sin embargo, incluyo consideraciones que deben tenerse en cuenta en referencia al texto presentado, que toca edades y especialmente a los mayores de treinta años.

La obligación de declarar renta y pagar a los que devenguen más de dos millones cuatrocientos mil pesos mermaría la capacidad para cubrir obligaciones familiares de ese segmento que adicionalmente pagaría IVA del 19 por ciento en la adquisición de productos indispensables.     

Facilitar el empleo a los jóvenes menores de veintiocho años es proposición válida, pero hacerlo mediante exoneración de impuestos a las empresas arriesgaría la estabilidad laboral y daría lugar a la terminación intempestiva de contratos de trabajo.

Quitar la exoneración a las cuentas AFC disminuiría la factibilidad de que personas en edad productiva adquieran vivienda.

 Respecto de cobrar IVA a los estratos 4, 5 6 en las facturas de servicios públicos recordemos que en ellas ya se incluyen subsidios en beneficio de sectores populares.    

Subir el impuesto a los vehículos automotores no soluciona el problema de la contaminación ambiental, ni las congestiones de tráfico y conlleva trámites burocráticos innecesarios.

Establecerlo a las pensiones, incluyendo las voluntarias, es inconstitucional; retenciones pensionales no caben, sentencia de la Corte lo reafirmó:  son derecho adquirido por edad y aportes a la seguridad social. Ello descuadraría a familias que disponen de ayuda de abuelos en el suministro de alimentos, vestuario y pago de matrículas estudiantiles.

Congelar salarios durante cinco años y limitar su incremento al índice de precios al consumidor, restaría capacidad adquisitiva a todas las clases sociales, se incumplirían convenios suscritos por Colombia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El impuesto temporal solidario para trabajadores de los sectores público y privado remunerados con diez o más millones de pesos mensuales, incluyendo tributos a honorarios, además de inconstitucional es injusto, los sujetos de una reforma fiscal no pueden ser mayoritariamente quienes en edad productiva sostienen al Estado.

Un porcentaje excesivo de gravamen en el impuesto a la riqueza a los patrimonios altos convendría analizarse mejor, empresarios dueños de locales afectados por la pandemia difícilmente podrían recuperarse y mantener empleo, están pagando impuesto predial y otros tributos.

La iniciativa no se ajusta a los principios de legalidad, generalidad, equidad, proporcionalidad, eficiencia y progresividad, el inmediatismo agrava las crisis, lo conducente es recapacitar, crear consensos, concentrarnos en austeridad, control de la evasión tributaria, intensificar la lucha contra la corrupción, darnos un compás de espera para la reforma fiscal y acabar de superar el covid-19. Del afán no queda sino el cansancio y tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe.