Recientemente el Ministro del Interior presentó a consideración del Congreso un proyecto de reformas a la Constitución, con  un variopinto repertorio de temas de alta trascendencia política, al cual queremos referirnos.

Lo primero que llamó la atención es el momento en que surge la iniciativa; precisamente en el punto más álgido del debate por las denuncias de corrupción ocasionada por Odebrecht,  lanzadas a diestra y siniestra, que afectan a varios sectores de la actividad empresarial y de la política, incluyendo las últimas campañas presidenciales.   Esto llevó a que algunos observaran como una cortina de humo la pretendida reforma; sospecha que se acrecentó en el momento que el mismo Presidente manifestó que no estaba de acuerdo con algunos de los contenidos que presentaba su Ministro en las reformas propuestas.

Independientemente de las susceptibilidades, el hecho hay que analizarlo y ver que tiene de bueno para el país. Se propone aumentar el periodo presidencial y de otros funcionarios a cinco años; acabamos de eliminar la reelección presidencial que fue nefasta; no está bien que alguien permanezca mucho tiempo en el poder, decía Bolívar y con razón; porque comienzan a creer que el país es de ellos.  Democracia es alternatividad y renovación; cuatro años son suficientes; en el Estado siempre habrá cosas por hacer.   Además, el actual, es un periodo más que suficiente para gobernadores, alcaldes, y órganos de control.

Otra propuesta es eliminar la vicepresidencia  y volver a la figura añeja del Designado.  Esa figura buena y la vicepresidencia también, hasta que le crearon, en este Gobierno,  la inhabilidad que obliga a renunciar al vicepresidente para aspirar a la presidencia.  No era necesario.  El vicepresidente no tiene funciones en la Constitución, cumple las tareas que el Presidente le asigna y bastaba con que se quedase sin ellas y sin necesidad de renunciar podría aspirar.  Les quedó mal la reforma, ahora debe renunciar y pone al país a debatir sobre su reemplazo. Pero para corregir, es mejor dejarlo como estaba.

El voto a los diez y seis años es otra de las iniciativas. Se quiere madurar a los adolescentes por un acto legislativo, al bajar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años.  Hay oportunismos con el tema, pues se piensa que este sector es enemigo de lo establecido y predispuesto para los cambios.   Colombia es un país de gente joven y ello puede tener gran repercusión electoral.

El voto obligatorio por dos periodos consecutivos, seguramente apunta buscar una mayor participación ciudadana en el nuevo escenario político que se abre con ocasión del ingreso de las nuevas expresiones políticas  consecuencia de la desmovilización guerrillera;  razón que además justifica la financiación de las campañas por el Estado que también se incluye.

Salvo el último punto no vemos que conexión pueden tener  los temas propuestos con los acuerdos de La Habana, razón por la cual no pueden utilizar el mecanismo abreviado aprobado en el acto legislativo N. 1 de 2016 conocido como el “fast track” para implementarlos. Amanecerá y veremos.