Luego de observar los acontecimientos de corrupción aflorados en los últimos meses en Colombia, se viene confirmando la conveniencia de reformar el antejuicio político que se surte en el Congreso de la República para los aforados que se ven incursos en una investigación criminal.   Según la Constitución de 1991, en sus artículos 174 y 175, el Senado conoce de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.  Si se trata de delitos en ejercicio de sus funciones, el Senado destituye al funcionario y pasa el expediente a la Corte Suprema para que siga el juicio criminal.   Si  la acusación es por  delitos comunes,  el Senado declara si hay lugar o no a seguimiento de causa y en caso afirmativo pone al acusado a disposición de la Corte Suprema.

En nuestra opinión se debe mantener el fuero a los Magistrados de Altas Cortes y a los altos funcionarios del Estado, pero debemos proponer que no intervenga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ni el Senado y que no se reemplacen por ningún otro organismo.   Es una condición de procedibilidad que tiene razones históricas que la justificaron en otra época, pero hoy se convierte en una talanquera y una demora injustificada para llegar al juzgamiento.  A la hora de hoy, con lo sucedido con el llamado Cartel de la Toga, la sociedad no entiende la razón de un antejuicio político que dilata  el juzgamiento de los funcionarios acusados.    Dicho antejuicio se debe mantener únicamente para el Presidente de la República. 

Hay que suprimir  el antejuicio político en el Congreso para los demás aforados y no cambiarlo por un Tribunal de Aforados como han propuesto algunos.  Se trata de una talanquera inútil, que no hace otra cosa  que dilatar el proceso.   Perfectamente la investigación la puede adelantar la misma Corte con la Sala de Instrucción  que recientemente se creó y que próximamente se integrará y esa  misma Sala acusa ante  las demás Salas de Instancia;  de paso le ahorramos unos buenos pesos al erario público.

Para que no quede impune ningún hecho delictivo que tenga como responsable a  un  Alto Magistrado sería conveniente, también,  la   ampliación del recurso extraordinario de revisión, a fin de poder examinar cualquier proceso donde  se tenga noticia de que pueda haber habido colusión o fraude, tal como lo ofrecieron los mismos Exmagistrados de Corte en un importante comunicado y que dichas conductas delictuales no prescriban y puedan ser  investigadas y juzgadas en cualquier tiempo.

Para que un sistema de justicia sea eficaz debe gozar de la confianza pública y de la credibilidad de la sociedad. Es indispensable recuperar ese crédito por parte de la  comunidad y por ello  se deben ofrecer  resultados rápidos  y a tiempo.  El antejuicio político está diseñado para dilatar, para demorar, cuando  lo que se requiere es todo lo contrario.