El Gobierno se ha dado a la tarea de rescatar el Galeón San José, barco de la armada española hundido el 8 de junio de 1708 por la armada inglesa en nuestro mar Caribe.  El pliego de condiciones indica que a través de una asociación público-privada (APP) "se buscan la intervención, preservación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación".  No nos gusta eso del aprovechamiento económico, habría sido mejor hablar de aprovechamiento cultural.

Sabemos que con el Galeón se hundió el cargamento que recogía tesoros del Virreinato del Perú por más tres años, avaluados hoy en 10.000 millones de dólares, sin poder llevarlos a Europa por la guerra con los ingleses. Según la Jurisprudencia de la Corte Suprema, si lo que allí se encuentra es patrimonio cultural, pertenece a la nación; si son tesoros, material precioso sin intervención del hombre, se podría compartir con quien lo haya denunciado, si en realidad estaba en las coordenadas declaradas, según prescribe nuestro Código Civil.   El estudio de los objetos que sean sacados del lecho marino estará a cargo del Consejo de Patrimonio, quién hará la definición.

Desde hace muchos años, todos los gobiernos de turno se ven asediados por buscadores de tesoros, que, con fiebre de oro, prometen el oro y el moro para rescatar nuestros pecios. La disyuntiva siempre ha sido esa; a ellos les interesa el oro y a la nación su patrimonio cultural. Tiene más importancia cultural un pedazo de mástil o de casco del barco, que un tarrado de oro en polvo. Ya se ha visto lo que se logra culturalmente con el rescate de un navío, como lo pudo hacer Estocolmo con el Basa hundido en 1628. Por ello no vimos con buenos ojos la reglamentación legal que permite, en contra de la Constitución, comercializar parte del rescate del patrimonio cultural, bajo el pretexto de la repetición.

El Gobierno de Colombia ya definió un originador, la empresa suiza Maritime Archaeology Consultants Switzerland, AG, quien presentó un proyecto de asociación público-privada. Con el aplazamiento licitatorio "se evaluarán nuevas propuestas con un equipo técnico y se aprobará el más conveniente".

Esperamos que las autoridades y los veedores se apliquen con la mayor diligencia al cuidado de nuestro patrimonio cultural sumergido.  Lo ideal habría sido buscar una alianza con alguna entidad cultural o con el gobierno español, quién puede tener especial interés en el rescate cultural, más que en el del oro que atrae a inversionistas privados y quién se ofreció a la colaboración; país a quién obviamente no hay porque reconocerle ningún derecho sobre los galeones que alguna vez surcaron el mar con sus banderas, pero que son nuestros desde que declaramos la independencia y que se encuentran en nuestro territorio marítimo. Son tan nuestros como las murallas de Cartagena.