La Constitución de 1991 creó la Defensoría del Pueblo y por primera vez en Colombia se eligió a una mujer como jefa del organismo. El proceso se desarrolló muy bien; el presidente Gustavo Petro presentó una acertada terna femenina con un mensaje claro de inclusión, de igualdad y confianza en las mujeres; una acción afirmativa que en forma real y concreta permitiría la elección de una de ellas. Las ternadas poseedoras de hojas de vida excelentes, con formación académica y larga experiencia profesional en derechos humanos y en la justicia, garantizaría una escogencia idónea. La Cámara de Representantes mayoritariamente eligió a la jurista Iris Marín Ortiz, con 170 votos de 186, lo que le da legitimidad para adelantar su delicado trabajo con pleno respaldo.

Con una mirada al futuro, la Defensora del Pueblo tiene grandes retos, en especial porque asume las riendas de la institución del Estado más importante en la promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos; además, las expectativas de la ciudadanía son grandes, pues es el organismo creado para la protección de las personas más vulnerables. La primera preocupación está dirigida a la provisión de los cargos directivos de la entidad, tanto en el nivel central como en las regionales (departamentos); esto es decisivo porque si no cambian las prácticas clientelistas de pagar favores políticos y el amiguismo, los nombramientos por méritos no llegarán y la independencia seguirá comprometida.

La vulneración de los derechos de trabajadoras y trabajadores al interior de la Defensoría, con traslados o reubicaciones arbitrarias y su invisibilización requiere atención inmediata. Es urgente el protocolo para la protección de los(as) servidores(as) que desarrollan misiones en territorio, sobre todo con un enfoque diferenciado y basado en el trabajo humanitario; igualmente, la salvaguarda de quienes se encuentran amenazados e incluso en el exilio; tal como lo ha denunciado el Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep).

La Defensoría del Pueblo es un organismo de control y vigilancia, humanitario, que no puede actuar con sesgo político o ideológico. Es necesario recuperar la magistratura moral del Defensor del Pueblo, una voz honesta, respetable, con credibilidad en sus denuncias y opiniones, sustentada en informes técnicos. Es inaplazable fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, la observancia por las diferentes autoridades involucra un trámite dispendioso y se requiere mecanismos que obligue al acatamiento de sus recomendaciones.

Un asunto primordial e inherente al cometido de la Defensoría del Pueblo es la búsqueda de la paz y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. El Defensor del Pueblo es un mediador por excelencia, un facilitador; es prioritario el fortalecimiento del programa de defensores comunitarios, con acompañamiento en el territorio a las comunidades en la construcción de paz.

Los desplazados, migrantes, mujeres, niñez, la comunidad LGTBIQ+, los privados (as) de la libertad; requieren atención especial de la Defensoría; en cuanto a las víctimas le corresponde la orientación, asesoría y su representación judicial, por ello, la defensoría pública debe garantizar el acceso de las víctimas en los escenarios de justicia transicional y acogimiento a la justicia.  

Hay preocupación sobre el manejo de los Sistemas de Información Misionales y Administrativos de la entidad; es perentorio el fortalecimiento institucional con sistemas de información articulados y para el cumplimiento de la misión de la Defensoría.  

Señora Defensora, la responsabilidad es grande y el país confía en usted. Defendamos la Defensoría.     

*Director Observatorio Constitucional Universidad Libre.