Aunque las señales de los últimos años indicaran un continuo retroceso en los caminos hacia la seguridad alimentaria, el tradicional informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (Sofi)”, preparado junto a  otras agencias de las Naciones Unidas y presentado el pasado 6 de julio, no deja dudas sobre la peligrosa situación en la que nos encontramos en cuanto a las posibilidades reales de eliminar el hambre y la pobreza en 2030.

Según los últimos datos Sofi, el hambre en el mundo en 2021 alcanzó a 828 millones de personas, lo que supone un aumento de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el inicio del brote de covid-19, demostrando que el escenario del hambre se disparó en el 2020, después de cinco años sin cambios o con leves mejoras. En 2019, la población mundial que sufría hambre era de 8 % de la población mundial, en 2020 fue de 9,3 % y en 2021 llegó a 9,8 %.

Analizando el futuro, el informe prevé que, a este ritmo, incluso con una recuperación económica mundial, serán alrededor de 670 millones las personas que pasarán hambre, o sea 8 % de la población mundial. ¡Mismo porcentaje de 2015 cuando más de 150 jefes de Estado y de gobierno aprobaran los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para eliminar el hambre y la pobreza en todo el mundo para el 2030!

Los expertos nos recordaron que, en 2021, cerca de 2300 millones de personas se encontraron en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, eso es, 350 millones más de los que la padecían antes de la covid-19.

Asimismo, alrededor de 924 millones de personas, que representa 11,7 % de la población mundial, afrontaron niveles graves de inseguridad alimentaria, cifra que aumentó en 207 millones en apenas dos años. Además, siguieron profundizándose las diferencias de género ya que, de estas dramáticas cifras, las mujeres representan 31,9 % mientras los hombres 27,6 %.

En 2020, casi 3100 millones de personas no pudieron permitirse mantener una dieta saludable, 112 millones más que en 2019, lo que refleja las consecuencias para el consumidor de los efectos de la inflación sobre los precios de los alimentos derivados de las repercusiones económicas de la covid-19.

Esto sin calcular el impacto de la guerra en Ucrania, y otros conflictos en el mundo, en los que están implicados dos de los principales productores mundiales de cereales básicos, semillas oleaginosas y fertilizantes.

Claramente, ello está perturbando las cadenas de suministros internacionales y provocando un aumento del precio de los cereales, los fertilizantes y la energía, así como de los alimentos terapéuticos listos para el consumo destinados al tratamiento de la malnutrición grave infantil.

Se calcula que 45 millones de niños menores de cinco años padecen emaciación, una de las formas más mortíferas de malnutrición que aumenta 12 veces el riesgo de mortalidad infantil, mientras que 149 millones de niños de la misma edad sufren de retraso del crecimiento y desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes necesarios para una dieta saludable, y otros 39 millones sufren de sobrepeso, todos aspectos que sin duda afectarán el futuro del desarrollo de nuestras sociedades.

Ante el peligro de una recesión mundial, con sus consecuencias directas sobre los ingresos y gastos públicos, un modo para contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar las formas de apoyo a la alimentación y la agricultura,  y destinarlos a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

*Subdirector general de la FAO