Históricamente no pocos reyes sufrieron atentados o fueron objeto de pena de muerte. Es que al llegar a las más encumbradas alturas del poder se desatan odios, envidias, venganzas que no se satisfacen sino con la eliminación de la figura más poderosa.

En los tiempos republicanos la situación no ha sido muy diferente. Si miramos la principal democracia del mundo, Estados Unidos, encontramos que figuras tan eminentes como Abraham Lincoln o John F. Kennedy fueron asesinados en espacios públicos, en presencia de sus esposas y del público. También fueron asesinados otros presidentes y por fortuna no hay que añadir a la lista los que sufrieron atentados que no lograron su propósito letal como los de Roosevelt, Truman, Gerald Ford, James A. Garfield, William McKinley.

En nuestro tiempo el problema parece ser de otra naturaleza. La seguridad para los gobernantes, por fortuna ha mejorado significativamente.

A raíz de esta situación algunos han hecho recuento de los expresidentes que han recibido tratamiento similar y se ha establecido que desde el año 2000 por lo menos 78 exjefes de gobiernos han sido procesados criminalmente. Ahora, los judicializan. Contra el expresidente Trump hay varios procesos judiciales en marcha. Recientemente fue notificado que pronto recibirá una acusación formal. Se menciona la reciente condena del presidente Sarkozy en Francia, la de Berlusconi en Italia, la de Lula en Brasil, la de los Kirchner en Argentina y no se escapan países que se consideran modelos como Uruguay y Costa Rica. Algunos han sido absueltos, otros condenados. Tantos ejemplos son indicador notorio de los riesgos del poder. Muchos de ellos tienen que ver con el tema de corrupción. No puede excluirse que en no pocos casos se trata de persecución política.

De todas maneras, un repertorio tan numeroso de investigaciones criminales contra personas que ejercieron la Presidencia o el cargo de Primer Ministro genera desencanto en la ciudadanía, no solamente en la del país de ese exgobernante sino en el mundo entero que reafirma así su desconfianza en los políticos y en el ejercicio del poder.

La transparencia es requisito indispensable en el manejo de los asuntos públicos. Es un ámbito en el cual no solamente la realidad sino las apariencias tienen que indicarle a la ciudadanía, sin lugar a dudas ni sospechas, que sus gobernantes son impecables. Cuando se pierde esa credibilidad con respecto al más alto nivel del poder político se genera un daño casi irreparable. Son diferentes los procedimientos que se utilizan cuando un dirigente ejerce una alta función oficial con respecto a los que se le aplican cuando ya no lleva la investidura que lo protege. En algunos países existen tribunales especiales para el juzgamiento de los más altos funcionarios. En otros existen procedimientos especiales ante el Congreso, Asamblea o Parlamento pero, entonces, es inevitable que lo que debería ser un juicio conforme al Derecho se convierta en un juicio político en el cual son las mayorías las que hacen el pronunciamiento final. Otro es el caso cuando no existen estos privilegios y el asunto va a la justicia ordinaria. Nada fácil. No creo que exista un país que haya encontrado la fórmula óptima para el manejo de estas situaciones. El riesgo para los gobernantes es muy grande. Y el riesgo para la vigencia de la democracia es aún mayor.

La denuncia o acusación es un recurso necesario que evita mayores males.