RODRIGO POMBO CAJIAO | El Nuevo Siglo
Domingo, 17 de Junio de 2012

¿Marco para qué?

Lo hemos venido sosteniendo de manera reiterada y altisonante con el rector Restrepo Abondano: en una carrera legislativa no hay ganador ninguno, todos somos perdedores.

Dentro del ya histórico vicio de creer que todo se soluciona con leyes y más leyes destaca por su proliferidad este gobierno, sin duda el ejecutivo más legislador de la historia republicana. Si pagaran por producir leyes seríamos la nación más próspera del planeta y si a punta de leyes saliéramos del subdesarrollo, no cabría duda que seríamos una “nación de sueños”.

Pero la realidad es otra. La diarrea normativa únicamente enmudece a quienes ignoran la historia y motiva a quienes mañana se sentirán defraudados.

Eso es lo que sucede con el denominado y recientemente aprobado marco jurídico para la paz. Una iniciativa políticamente reprochable y jurídicamente innecesaria. Y ya lo sostenía el exministro Óscar Iván Zuluaga, toda iniciativa debe ser loable desde lo político y viable desde lo técnico.

Pues bien, esta reciente reforma constitucional entra a engrosar las decenas de reformas constitucionales para nada. No se necesitaba porque si de verdad, justicia, reparación y garantías de NO repetición dentro de una justicia transicional se trataba, la Ley 975 era más que suficiente. Y si lo que se criticaba de esa ley era su vigencia ello ocurría, precisamente, por cuanto la Ley de paz del gobierno Uribe era realmente transicional, ergo, temporal, coyuntural, limitada.

Pero el Congreso quiso elevar al rango constitucional un modelo transicional permanente, lo cual, de suyo, es una contradicción. Ahora bien, si lo que se pretendía era otorgarle una herramienta al ejecutivo y al legislativo para dejar abiertas las puertas de un eventual proceso de paz, ya se contaba con el principio de oportunidad, ley vigente que no se promulgó para favorecer a la escoria social como los primos Nule sino para poder llevar a cabo procesos de paz exitosos bajo la  inutilización de la acción penal.

Las herramientas jurídicas para una eventual negociación siempre han estado allí, con lo cual, amén de las críticas de fondo que recaen sobre la iniciativa, llueven encima de ella unas más elementales como la que pregona su inutilidad, su no necesidad y su afán propagandístico antes que la búsqueda de cualquier beneficio comunitario.

*Presidente de la Corporación Siglo XXI