Antes de las novenas de Navidad, con el límite del 15 de diciembre, el salario mínimo deberá determinarse por concertación o pasará por decreto. Pareciera que, en temas económicos, como lo fue el Presupuesto de la Nación para el 2025, el decreto se está convirtiendo en el mecanismo de predilección. Esto con la desventaja que da el equilibrio de la concertación o del debate legislativo. Demos campo a la esperanza por la resolución de la mesa.
Aunque ya sobre el tiempo, difícilmente se podrán decantar esas ideas que saltan a veces al escenario, como la diferenciación del salario mínimo entre regiones y tipos de actividad; el hecho de introducir varios aumentos a lo largo del año, de manera gradual, más que uno fuerte inicial -absorbido por los aumentos del comienzo de año- y en tercer lugar, la posible consideración de otros grupos a participar en la mesa, como campesinos o trabajadores informales, dado el arraigo con el salario mínimo nacional como indicador y el menoscabo de una competencia entre regiones con sus marcadas desigualdades.
Así las cosas, la base sigue siendo la misma: la inflación esperada, la productividad y el factor subjetivo o la argumentación de los representantes de los distintos sectores. Sin embargo, vale recalcar que el debate sobre el bajo índice de productividad de Colombia ha sido importante en medio de la discusión. Es decir, no basta con madrugar para ser más productivos -esto frente a la hora trabajada en comparación con otros países-. Aquí influyen en gran medida la inversión en tecnología, la educación y más aún la especialización, incluso técnica y tecnológica, que da precisión a los saberes.
Hasta el momento las cartas extendidas en la mesa la han dado: el anterior ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien expuso un rango ideal de incremento entre el 6.2% y el 10%. Esto es entre ochenta y ciento treinta mil pesos (18 y 29 dólares estadounidenses); Acopi, el gremio de las mipymes, que baja el límite inferior al 5.2%; Anif, el gremio de instituciones financieras, que lo plantea en un 6%, teniendo en cuenta una inflación del 5.2% y un aumento de la productividad al 1.73% y los sindicatos, cuya propuesta supera en dos puntos el límite superior del ministro.
Los empresarios industriales representados por la Andi, los agricultores por la SAC y los comerciantes por Fenalco, se abstuvieron de concretar su estimativo. En los tres últimos años, bien por decisión del presidente Duque y del actual presidente Petro, como por las altas tasas de inflación, el salario mínimo ha tenido los mayores aumentos históricos: 10,03% en 2022, 16% en 2023 y 12% en 2024.
Hace falta salirse de la premura por decretar un porcentaje de aumento del salario mínimo, que marca de forma importante tanto el aumento en los costos laborales como el costo adquisitivo de dos millones y medio de colombianos. Sería un tema de agenda sobre lo fundamental, abrir un debate serio, con antelación, en especial sobre la productividad. De hecho, la cifra publicada recientemente por el Dane generó mucha controversia.
No puede ser un tema de razones electorales. Hay que insistir en un debate más amplio y extenso con la inclusión de mesas regionales y de representantes de las actividades productivas del campo, zonas rurales, actividades peor pagadas y municipios de menor crecimiento económico o actividades de menor productividad. Esto sin incluir los efectos de la posible aprobación de la reforma laboral que incluye el incremento del recargo nocturno, dominical y festivo.
Es hora de tener más conciencia popular, por así decirlo, de la sociedad en general, trabajadores y empresarios, de cuánto somos capaces de producir por hora en las distintas actividades productivas frente al mejor hacer de otros países, cuando, además, y a pesar de los esfuerzos, el salario mínimo está por debajo del promedio de los países latinoamericanos, seguramente sin contar prestaciones.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI