Los primeros días de abril de este año sirvieron de escenario de celebración efímera para millones de colombianos que festejaban el hecho de la supervivencia de un Estado de Derecho, en el que ocho valientes senadores lograban ahogar el nefasto texto de reforma a la salud presentado por el gobierno, en debate en la Comisión Séptima. No habían terminado de reportar los medios el hundimiento, cuando los senadores de la bancada de gobierno decidieron apelar la decisión por unos supuestos vicios de forma -a todas luces inexistentes- durante el proceso.
Y es que la pelea había que darla, pues el archivo de la reforma no suponía solo el hundimiento de un proyecto más en el legislativo, sino la derrota del gobierno ante la oposición, con una de las banderas que había enarbolado desde campaña y que se había convertido, en la narrativa, en el símbolo de “los avances en las reformas sociales que el país reclamaba urgentemente”, y en la práctica, en el retorno al Seguro Social y en la caja menor para hacer política electoral.
Y como el petrismo sí que sabe de aquello de la combinación de todas las formas de lucha, mientras en el Congreso se tramitaba la medida desesperada de solicitar la apelación del archivo, Gustavo Petro atacaba frontalmente a los senadores insinuando que sus votos no eran independientes, sino que servían a los intereses de las EPS. En el entre tanto, muy al estilo “Gustavo el presidente” (estilo que bien conocemos en esta columna), Petro amenazaba al país sentenciando: “Ahora nos toca resolverlo. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada y sin problemas, ahora es de golpe”.
Y así fue, sin importarle las formas -cual ha sido su sello desde su primer día de gobierno- Gustavo ordenó las intervenciones completamente arbitrarias, a través de la Superintendencia de Salud, de Sanitas y Nueva EPS y de esa forma se hizo al control de la salud de más de 25 millones de colombianos. Dichas intervenciones se han visto acompañadas, además, de una serie de intentos de decisiones administrativas que pretenden, en una especie de tire y afloje con la opinión pública, regular tarifas para los servicios médicos, expropiar licencias de medicamentos, ordenar la liquidación de otras entidades prestadoras de salud y varias otras acciones deliberadas que, obviando los preceptos del Estado de Derecho, pretenden llevar el sistema de salud colombiano a un deterioro tal que haga innecesario el trámite vía legislativo de cualquier reforma, ante la latente implementación por vía de hecho, de la misma.
Pues bien, cumpliendo la profecía, esta semana el país se despertaba con la noticia de que la bancada de Gobierno había acordado retirar la apelación al hundimiento a la reforma a la salud y que, además lo hacía para presentar “una nueva que refleje un gran consenso”. Este nuevo texto contaría con el apoyo de varias de las EPS más importantes del país, que accederían a convertirse en gestoras conservando la función de representación del paciente, puesto que en las condiciones actuales del sistema de salud es inviable mantener el riesgo financiero. Siendo así, las EPS dejarían de ser las únicas aseguradoras del sistema, papel que asumiría el Gobierno. Cualquier parecido con el Seguro Social es pura coincidencia, dirán algunos; lo cierto es que la toma del sistema de salud por vía de hecho generó un escenario de acorralamiento a las prestadoras en el que por acoso, conveniencia, temor o simple instinto de supervivencia, decidieron caminarle a un nuevo proyecto de reforma -que en lo fundamental es un refrito del proyecto anterior-. La diferencia es que esta vez el gobierno pudo doblarle el brazo a las EPS garantizándoles un juego donde ellas pueden representar un papel que les es rentable, sin contemplar lo que esto supone para los millones de colombianos usuarios del sistema. Con este panorama, difícil será que los congresistas, que hasta ahora han brillado en su mayoría por hacerle el juego a los excesos del gobierno, actúen para frenar la reforma y evitar el deterioro definitivo de nuestro sistema de salud.
El daño está hecho. En este sainete titulado “sálvese quien pueda”, todos hacemos parte del espectáculo como incautos distraídos. Los únicos grandes perdedores serán los colombianos, sobre todo aquellos que no pueden acceder a una prepagada o seguro privado. Esos para los que Gustavo dice, sin sonrojarse, gobernar, que además son la inmensa mayoría del país. El gran ganador, Gustavo, que aparte de hacerse a una inmensa chequera logró su cometido con la aquiescencia cómplice de quienes hoy se salvan pero que mañana, sin lugar a dudas, serán sus víctimas.