Samuel Hoyos* | El Nuevo Siglo
Jueves, 13 de Agosto de 2015

“Carece de las condiciones éticas y profesionales”

DENUNCIA

Fiscal indigno

 

HACE  unos días denuncié el roscograma entre el Fiscal General y la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Montealegre ha nombrado en el ente acusador a familiares de 7 magistrados, afectando la independencia del máximo tribunal de la justicia en Colombia.

Los siguientes magistrados tienen familiares trabajando en la Fiscalía General de la Nación, quienes se encuentran impedidos, jurídica y moralmente, para tomar decisiones respecto del cuestionado señor Montealegre: Gustavo Malo Fernández (Sala Penal) tiene un hermano que trabaja en la Fiscalía; Luis Guillermo Salazar Otero (Sala Penal) un hermano trabaja en la Fiscalía; Patricia Salazar Cuéllar (Sala Penal), su hija trabaja en el ente acusador desde mayo de 2013; Álvaro Fernando García (Sala Civil), tiene dos hermanos que trabajan en la Fiscalía; Leonidas Bustos (Presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Penal) su sobrino trabaja en la Fiscalía; Eugenio Fernández Carlier (Sala Penal), su hijo fue nombrado por el fiscal Montealegre en la entidad; Margarita Cabello Blanco (Sala Civil) dos parientes suyos trabajan en la Fiscalía.

Esta situación es delicada teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia eligió al fiscal Montealegre y ahora es él quien nombra a los familiares de sus electores. Esto podría llegar a entenderse como el pago por el favor recibido.

Pero otro riesgo implícito en esta situación es que el Fiscal General podría influir en las decisiones del alto tribunal manipulando sus fallos, rompiendo la independencia que debe haber entre quien acusa y quien juzga, dando como resultado sentencias cargadas de favores políticos o económicos, o con un sesgo ideológico que le resta legitimidad a las decisiones de la justicia.

Mientras en el Congreso debatíamos una fallida reforma al equilibrio de poderes que pretendía, acabar con el clientelismo, despolitizar a las Cortes, promover la meritocracia y acabar con la impunidad en el juzgamiento de altos funcionarios, el señor Fiscal nombraba familiares de magistrados en el ente acusador. Tal vez por eso se oponían a la reforma.

En conclusión, el señor Eduardo Montealegre carece de las condiciones éticas y profesionales para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación y por lo tanto interpondré, ante el Congreso de la República, una demanda en su contra por Indignidad en el cargo.

@shoyos

*Representante a la Cámara por Bogotá