Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, denunció que el Clan del Golfo ejerce un control absoluto sobre el negocio de los barcos que zarpan de Necoclí y Turbo, lo que ha generado una situación alarmante en términos de seguridad y control migratorio.

Este grupo criminal, considerado uno de los más poderosos de Colombia, ha establecido una presencia total en la región, mientras que la respuesta del Gobierno es prácticamente inexistente. Los escasos funcionarios de Migración Colombia presentes en el área apenas logran recopilar documentos, lo que evidencia la falta de control migratorio y de seguridad efectiva en el territorio.

Según Goebertus, Human Rights Watch ha documentado que el Clan del Golfo obtiene alrededor de 125 dólares por cada migrante que cruza por estas rutas, lo que, considerando el aumento en la migración a través de la selva del Darién en el año 2023, se traduce en ingresos anuales de aproximadamente 65 millones de dólares. Esta cifra refleja no solo la magnitud del tráfico de personas, sino también la grave crisis humanitaria que enfrenta la región.

La directora de HRW expresó su preocupación por el control que el Clan del Golfo tiene sobre estas rutas migratorias. Aunque el Gobierno ha compartido esta inquietud y está prometido avanzar en mecanismos para fortalecer la seguridad en el Darién, la situación actual sigue siendo crítica. La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades colombianas permite que el grupo criminal continúe operando sin restricciones, lo que pone en riesgo a miles de migrantes que buscan un futuro mejor.