“Grave lo que está sucediendo con dineros públicos”

DEL SIGLO XXI

Clientelismo socialista

GUSTAVO  Petro es un alcalde reconocido por inepto, no por corrupto. Los indicadores de su gestión son muy deficientes, la Veeduría Distrital sostiene que el 65% de las metas trazadas, en sectores críticos como educación, salud y movilidad, tienen alto riesgo de incumplimiento; la ejecución global en el Distrito se calcula en un 40% tras 4 largos años en el Palacio Liévano. Pero el problema no solo es de mala gestión, es muy grave lo que está sucediendo con los dineros públicos:nóminas paralelas, contratación directa y detrimento patrimonial son el pan de cada día.

Según la Contraloría Distrital, el 51% de la contratación en la administración Petro es directa, muchas veces sin el pleno de requisitos. Bajo la figura de contratos interadministrativos y de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, violan las normas de contratación pública. Entre 2012 y 2013, la Bogotá Humana celebró 228.181 contratos de prestación de servicios por valor de 10,8 billones de pesos, la mitad de manera directa. La Alcaldía Mayor ha suscrito 1.024 convenios con entidades sin ánimo de lucro por valor de $ 176.464 millones.

Petro ha creado una inmensa, costosa e ineficiente nómina paralela en el Distrito Capital. Repartió, entre 2012 y 2013, 180.325 contratos de prestación de servicios por valor de 2.3 billones de pesos. De las 68 entidades que tiene el Distrito, 48 presentaron estudios solicitando ampliar su planta de personal, los cuales fueron aprobados. No siendo suficiente, esas 48 entidades siguieron contratando a través de prestación de servicios. ¿Clientelismo progresista?

Casos como el de Metrovienda, cuyo gerente Nicolás Corso fue suspendido del cargo por la Contraloría Distrital y es investigado por el detrimento patrimonial de 50.586 millones de pesos; la Unidad administrativa especial de servicios públicos que formalizó 125 nuevos cargos y, a pesar de ello, entre 2013 y 2014 suscribió 542 contratos de prestación de servicios por 14.788 millones de pesos; la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, Gilma Gómez, quien fue destituida e inhabilitada por irregularidades en el contrato de la máquina tapa-huecos que, por más de 12.000 millones, se suscribió de manera directa como proyecto de ciencia y tecnología, cuando se trataba de un típico contrato de obra que requería licitación pública; y el nuevo caso de la línea 123, donde Petro ordenó firmar un otrosí al convenio 0561 de 2014 para girar a la ETB 27.500 millones a pesar de los informes técnicos del Fondo de Vigilancia que demostraban la inconveniencia y presunta ilegalidad de dicho convenio.

Vale la pena preguntarse si la corrupción se esconde tras el disfraz de la ineptitud y si victimizarse es una nueva fórmula para violar la ley.