El capítulo de Santrich va más allá de la coyuntura política, constituye una irrefutable prueba. Demostró que los terroristas de las Farc no eran los subversivos que velaban por la equidad social contra un Estado tiránico e ilegítimo, sino que se trataba de decantados narcotraficantes que se lucraban de la ilegalidad en todas sus formas, desde los crímenes de lesa humanidad hasta el vil negocio de estupefacientes ilegales.

Se comprobó, entonces, que se negociaba con patibularios, no con políticos con suficiente legitimidad para hablar de bloque de constitucionalidad y acuerdo especial internacional, tal y como rezan los acuerdos de la Habana. Por lo mismo, no hacía mucho sentido negociar el Estado de Derecho con delincuentes de esa naturaleza, por el contrario, convenía, como lo advertimos, negociar las vías jurídicas para su sometimiento, tal y como había sucedido exitosamente en el inmediato pasado con grupos terroristas de igual calaña, como las autodefensas.

Se comprobó que los máximos perpetradores de crímenes atroces llegarían al Congreso de la República por derecho propio sin develar previamente la verdad, purgar condena, reparar a las víctimas y, al punto, ofrecer serias garantías de no repetición.

De hecho, parece ser que en La Habana se negoció la República y el Estado de derecho como también la manera como el cartel de las Farc se relacionaría con sus émulos de Sinalóa etc…

Y los defensores del acuerdo quedaron muy mal parados. Muchos de ellos, por lo menos los más representativos, defendieron el acuerdo atacando las falencias de las anteriores negociaciones, especialmente la de las autodefensas. Se decía, por ejemplo, que los canallas que habían reincidido en acciones criminales habían sido extraditados, no por el hecho de incumplir su palabra y reincidir en el delito, sino para acallar la verdad, evitar la reparación de sus víctimas y no purgar condena en estos pagos.  

Ahora, dicen, que el enjuiciamiento de Santrich se deriva de lo estipulado en los Acuerdos y que por lo tanto puede ser extraditado, sin decir la verdad, sin reparar a sus víctimas y sin pagar penas en las cárceles colombianas. Nótese la incoherencia.

Pero como si lo anterior fuese insuficiente, nos queda la decisión que pueda tomar la JEP que, tal y como va, resultó ser más corrupta y vergonzante que la tradicional rama judicial de Colombia. ¿Será que ella le quita competencia a la Corte Suprema y decide no extraditar al inefable personaje?

*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.

@rpombocajiao