Se aprobó en el Congreso un  acto legislativo que establece la segunda instancia para los aforados.  La Corte Suprema de Justicia  en su Sala Penal venía,  de conformidad con la Constitución, conociendo en única instancia. Ahora se crea una nueva Sala de Instrucción compuesta por tres Magistrados y otra de  primera instancia compuesta de seis; la segunda instancia la atendería la Sala Penal  actual, compuesta por nueve Magistrados.

Si esto era o no necesario, es una discusión superada.  La garantía para los aforados consiste en que de su causa conoce el máximo tribunal del país con nueve Magistrados estudiándola; es decir la miran los dieciocho ojos más calificados de la judicatura, lo que no sucede con los ciudadanos  del común.  Sin embargo, debido  al auge que estas causas contra aforados: Congresistas, Ministros  y ahora incluso Magistrados, han mostrado en los últimos tiempos;   crearon ante la opinión pública, la idea equivocada,  de que se estaban violando estándares internacionales (Pacto de San José), al no tener segunda instancia. ¡Pamplinas!  Ello no es así, pues en todo el mundo los aforados no tienen segunda instancia, lo que tienen es fuero, sus procesos los conoce el máximo tribunal y es la máxima garantía, para ellos y para la sociedad;  hasta en la Rota Romana se falla en única instancia para las causas de nulidad de matrimonios de jefes de Estado.  Discusión superada.

El problema que se armó  es sobre lo que va a pasar con los más de 450 casos de aforados que se vienen adelantando en la Corte Suprema, pues desde el momento que el acto legislativo que consagra la segunda instancia entra en vigencia, surge el derecho para todos los aforados vinculados a tener esa segunda instancia; luego si la Sala  Penal actual decide uno de esos procesos,  en este momento, ¿ante quién apela  el interesado, si esa va a ser la Sala de Apelación? Se ha dicho por algunos que no hay problema, que la Sala Penal actual sigue con las mismas competencias mientras se integran las nuevas salas. No es tan sencillo, desde su  entrada en vigencia,  el acto legislativo crea derechos y los reos pueden alegar el principio de favorabilidad, así no estén todavía integradas las salas nuevas.

Lo que hay que hacer es buscar los recursos cuanto antes, lo que es un problema del Gobierno que impulsó la reforma. Trece mil millones de pesos del bolsillo de los colombianos como contribución a la defensa de los aforados enredados, que el Consejo Superior de Judicatura cree los cargos en la planta de la Corte Suprema y que comience el trámite para su integración que demorará algunos meses; mientras tanto la Corte  los nombrará en encargo y provisionalidad; que la Sala Penal actual, en lo posible, aplace cualquier decisión que pueda ser objeto de apelación, para que se reserve para la segunda instancia. Mientras tanto, los contribuyentes colombianos rezamos para que no vaya a operar ninguna prescripción.