Dos fenómenos impactan la vigencia de la democracia en el mundo. La reacción social contra las medidas sanitarias para prevenir el covid-19 y el incremento de la delincuencia en las ciudades.

En ambos casos, se coloca en peligro la estabilidad social y se lesionan las garantías individuales, afectándose la legitimidad pública, por hechos que provocan miedo y disociación.

En Colombia la criminalidad en las calles, ha provocado reacciones sociales y políticas, que motivaron la presentación por el gobierno de un proyecto de ley de seguridad ciudadana.

Las comisiones primeras conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate dicha iniciativa, que aplica la misma estrategia usada hasta ahora en cuanto a endurecimiento de penas, ampliación de la medida de aseguramiento de privación de la libertad y restricción al porte de armas, ahora frente a las de carácter traumático.

El uso del derecho penal como analgésico para todo mal de la convivencia es tan recurrente como ineficaz.

Un sistema penitenciario con sobreocupación cercana al 50% y sin capacidad de transformarse; una investigación penal colapsada, en la que la denuncia por un hurto de celular concluye con la respuesta a un correo electrónico, como constancia de la no posibilidad de reacción y las altas tasas de impunidad, así como la permanencia de mercados ilegales que estimulan el delito, con la complicidad de quienes son receptores de bienes hurtados y la debilidad de estructuras tecnológicas para la seguridad, son algunos de los factores que obligan a la sociedad a pensar en fórmulas diferentes para ganarle a la delincuencia.

La advertencia de más años de cárcel no logra vencer la inseguridad y distrae la atención pública frente a considerar sus causas y alternativas diferentes que garanticen mejor la convivencia democrática.

El proyecto de ley contiene además un peligroso artículo que crea una modalidad de legítima defensa privilegiada, para los casos en que se vulneren espacios privados, cuando esta figura, ya regulada, requiere en todos los eventos aplicar el criterio de proporcionalidad y depende de la valoración del juez. Limitar el espacio del criterio judicial, pretendiendo un efecto automático de legitimación de conductas de reacción, que incluyen la fuerza letal, genera preocupaciones frente al riesgo de caer en escenarios de justicia por propia mano, que atenten contra principios constitucionales.

Se requiere aplicar una mirada alternativa para construir la seguridad ciudadana democrática. Los mayores esfuerzos deben orientarse al fortalecimiento de la capacidad investigativa y a la aplicación de nuevas tecnologías en la prevención de los delitos. Herramientas de comunicación efectivas, medios electrónicos de control en los espacios de mayor riesgo -como el transporte masivo-, inteligencia artificial aplicada a la seguridad, botones de pánico, alianzas con operadores de servicios públicos y fortalecimiento de centrales de alerta para reducir la acción de la delincuencia.

Cerrar los mercados que admiten la ilegalidad, tanto con cultura cívica, como con la implementación de medios tecnológicos que hagan inviable la comercialización de ciertos bienes, y la aplicación universal de seguros que cubran la pérdida o afectación de elementos como bicicletas, computadores y celulares.

Reformar el sistema penitenciario y transformar el derecho policivo y las sanciones administrativas y pecuniarias, para que sean un primer nivel de reacción eficaz frente a ciertas conductas, que solamente en caso de reincidencia pasen al ámbito penal. Igualmente se requiere una red de trabajo social para infractores y vigilar su compromiso con la legalidad.

Medir y ajustar la implementación del sistema penal acusatorio es también necesario, como avanzar en una actualización integral de la policía y fortalecer su equipo humano.

Es preciso asegurar la democracia con más democracia, para hacer segura la convivencia. La oportunidad es ahora.