Bastante trabajo tuvieron, la semana pasada, los corresponsales de prensa en La Haya, ciudad aburrida y sosa que, de lunes a viernes, pareció convertirse en epicentro de la actualidad internacional. Daba la impresión de que en las salas y corredores de los tribunales internacionales que allí se asientan se estaba librando una batalla más de la guerra entre Israel y Hamás, y de que un batallón de abogados y jueces -no de soldados ni diplomáticos- definía con sus providencias -no con planes de operaciones ni con acuerdos- los términos y condiciones a los que habrán de sujetarse, de ahora en adelante, los protagonistas del más reciente episodio del conflicto israelo-palestino.
No hay que darle muchas vueltas a lo ocurrido en la Corte Penal Internacional. Tarde o temprano, el fiscal Khan, presionado por todos lados para acompasar los hechos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023 con la investigación abierta por su oficina en 2021 sobre la situación en Palestina, tendría que hacer algo. La remisión efectuada por Suráfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras, y Yibutí, poco después de la masacre (aunque no propiamente por razón de ella), que luego refrendaron Chile y México, aceleró definitivamente su intervención y allanó el camino a su decisión del lunes pasado.
Dos cosas, sin embargo, ameritan alguna observación. Por un lado, la forma en que, a contrapelo de la práctica habitual, el fiscal anunció públicamente su solicitud para que se emitieran órdenes de detención contra el primer ministro y el ministro de defensa israelíes y contra tres líderes de Hamás. Normalmente, la solicitud permanece sellada hasta que la sala de cuestiones preliminares correspondiente decide sobre ella. Habrá que ver cómo interpretan los jueces lo que, a primera vista, tiene todo el aspecto de una triquiñuela, que complace a la galería tanto como apremia a los magistrados.
Por el otro, que su solicitud no contemple en ningún caso el cargo de genocidio, de por sí tan difícil de construir, y para el que parecería entonces que el fiscal no ha encontrado evidencia suficiente (“motivo razonable”) para considerar que ese crimen se ha cometido -algo que, de uno u otro modo, resonará en la otra corte de La Haya-.
Precisamente, también en la Corte Internacional de Justicia, hubo agitación al conocerse el viernes un nuevo dictamen en el marco del caso de Suráfrica contra Israel. Dictamen “salomónico”: unos lo interpretaron como orden absoluta para que Israel detenga de inmediato la ofensiva militar en Rafah, y otros -incluso algunos de los jueces del tribunal- lo entendieron como circunscrito únicamente a aquellos actos “que podrían someter” (qui serait susceptible de soumettre) a los palestinos a ciertas condiciones de las que pudiera derivarse su destrucción física (es decir, su genocidio).
Por ahora, entonces, la “verdad procesal” es esta: que, al fragor de la guerra entre Israel y Hamás (que, para el fiscal Khan coincide con otra entre Israel y Palestina), se han cometido graves crímenes, pero no genocidio; y que, aunque no se puede decir que éste se ha cometido o se esté cometiendo, el umbral está tan cerca que toda cautela y precaución son pocas para evitarlo.
* Analista y profesor de Relaciones Internacionales