El Servicio Militar Obligatorio (SMO), hoy regulado por la Ley 1861 de 2017, tiene fundamento constitucional en el artículo 216 cuando señala “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, bajo el supuesto de que cuando se alcanza la mayoría de edad los nuevos adultos están llamados a suspender su proyecto de vida individual y enlistarse para contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. En teoría, todos contribuimos a tal propósito en igualdad de condiciones.
La realidad es bien diferente a las aspiraciones del constituyente ya que está estructurado para profundizar las desigualdades de nuestros jóvenes: el que ha tenido oportunidad de acceder a la educación y graduarse de bachiller solamente tendrá que pasar doce meses de su vida con el uniforme mientras los que por diversas razones no han podido hacerlo, mayoritariamente campesinos, deben resignarse a portarlo por dieciocho meses, debiendo soportar una mayor carga por no contar con el cartón de bachiller. Al que menos garantías le brinda el Estado es al que más le exige retribución.
Hay más. Lo que todos sabemos, pero pocos decimos, al menos no en voz alta, es que tanto bachilleres como regulares llegan al servicio en su inmensa mayoría, salvo los que se “regalan”, porque no cuentan con los recursos ni las palancas para librarse de esa carga; es decir ni el cumplimiento de tan sagrado deber constitucional se salva de las pequeñas corruptelas de amiguismos que terminan encausando a las armas del Estado a los más “pendejos” que, coincidencialmente, terminan perteneciendo a las franjas poblacionales menos favorecidas, y con un bajo índice de oportunidades. Eso sí, los que le escurren el bulto al SMO son los que más lo defienden y los que, por defecto, se las tiran de los más patriotas, basta verlos cacareando patriotismo ante cualquier escaramuza, les encantan los uniformes, pero no las consecuencias de portarlo.
Prestar el SMO pudo ser un gran privilegio en algún momento, hoy no lo es para la mayoría de los jóvenes, salvo para quienes tienen vocación militar, en la mayoría de casos termina siendo una experiencia no muy agradable, en parte porque pese a las reformas introducidas los malos tratos siguen siendo la nota dominante; allí no se educa, basta sincerarnos sobre los grandes problemas de drogadicción, las prácticas de discriminación, cuando no los abusos cometidos con los conscriptos por un buen número de cuadros que manejan la bonificación a su antojo y montan negocio alrededor de sus necesidades.
El SMO, en un acto de justicia social, debe transformarse en uno que sea obligatorio para todos, con las estrictas excepciones propias de la salud, a las armas deben ir los necesarios privilegiando la vocación. A una transformada institucionalidad ambiental debe ir el resto de personal apto a prestar un servicio efectivo en la defensa y protección de activos cruciales para la conservación y protección de la biodiversidad como bien común, a proteger el agua, los animales y nuestros bosques. Todos debemos aportar a la conservación y protección de la vida para poderla legar a las generaciones futuras y contrarrestar los efectos del cambio climático.
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