Como se recordará, el 21 de noviembre, tras varias horas de pacíficas marchas y concentraciones en Bogotá y en otras ciudades, el lícito ejercicio de ella por la ciudadanía se vio interrumpido por encapuchados violentos, cuyo origen no ha sido establecido, quienes rompieron la paz que predominaba, malograron la protesta pacífica; atacaron edificios públicos; causaron daños a bienes públicos y privados, y pretendieron sin éxito que el país confundiera la protesta con la violencia y el delito.

Decimos que sin éxito por cuanto, en la noche de ese día, un improvisado pero multitudinario y pacífico “cacerolazo", en señal de descontento y malestar social, se hizo escuchar en todo el territorio. Y se ha repetido, también en paz, durante los días sucesivos.

Podemos compartir o no todos los motivos -que han venido aumentando y que conforman hoy una larga lista-, pero es un hecho innegable que la gente quiere protestar y que alega varias razones, particularmente en el campo económico, en el social, en el educativo, en el salarial y en el pensional. En lo que concierne a las condiciones de trabajo, al desempleo, a la salud y a la seguridad social. Y se adopta una posición crítica respecto a la actitud oficial sobre asuntos ambientales y ecológicos, particularmente en relación con el denominado “fracking”, que el actual Presidente había prometido -en campaña- no aplicar.

Por supuesto, son muchos los que no están de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, ni con la estructura tributaria vigente, y piden que sean retiradas iniciativas sobre impuestos, particularmente la que se tramita en el Congreso tras la declaración de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento.

No podía faltar lo referente a la impunidad, ni a la falta de acción estatal de protección e investigación sobre los muchos crímenes que se siguen cometiendo contra líderes sociales, indígenas y desmovilizados. Otros reclaman al Gobierno que cumpla lo convenido hace tres años en el Acuerdo de Paz firmado por el ex presidente Santos con las Farc.

Y no faltan las voces de rechazo a las varias formas de corrupción que han conmovido al país  pero respecto a las cuales hay impunidad porque no han sido sancionadas, como ha debido ocurrir, por la administración de justicia, y en cambio, ha operado la libertad de los procesados por vencimiento de términos.

Han continuado las manifestaciones y reuniones pacíficas de solidaridad, lideradas especialmente por los estudiantes, a raíz de uso excesivo de la fuerza por el Esmad, inclusive ante manifestaciones pacíficas, como aquella en que fue gravemente herido el joven Dylan Cruz, de 18 años. A ello se añade, por contrapartida, que muchos también protestan -igualmente con razón- por los actos violentos, que han dejado heridos a muchos miembros de la Policía Nacional.

Ahora lo que viene es lo anunciado por el Presidente de la República, quien propone unas conversaciones -para marzo-, con miras a escuchar las propuestas de los distintos sectores y buscar que se ponga fin a la crisis y ojalá dar solución a los muchos reclamos de la población. Ojalá, para entonces, sea oportuna.

Algo ha quedado claro, en medio de tanta confusión: los derechos fundamentales a la expresión ciudadana y a la protesta no se confunden, ni se pueden confundir, con la violencia.