Tras más de 20 días del paro nacional el impacto negativo de los bloqueos se siente con fuerza, en la medida en que vulneran derechos y deslegitiman el derecho a la protesta, que han ejercido de manera pacífica la mayoria de los manifestantes. Los bloqueos están afectando el derecho a la libre movilidad, el derecho al trabajo de quienes no pueden llegar a sus lugares de empleo, ponen en riesgo la seguridad alimentaria de millones de colombianos y debilitan el aparato productivo nacional, lo cual generará más desempleo y pobreza.

De acuerdo con Fenalco, el 53% de las empresas están operando parcialmente o con restricciones y sólo el 8% están trabajando con plena capacidad instalada, efectos que afectan en gran medida a las microempresas. Para el sector comercial se reporta una caída en las ventas que supera el 90% a nivel nacional. En el Valle del Cauca, según la Cámara de Comercio de Cali, se estima que el 27.7% de las empresas tienen en sus planes disminuir su capacidad instalada, ante la incertidumbre y pocas posibilidades de una salida rápida de la crisis social, económica y sanitaria que atraviesa el país. Sumado a esto, en Bogotá el 5% de los comerciantes y empresarios han sido víctimas de vandalismo.

Los bloqueos deben ser inadmisibles, con la misma vehemencia que no podemos aceptar que más de siete millones de colombianos vivan en la pobreza extrema, con sus derechos vulnerados y sin acceso a bienes esenciales para su bienestar. Vulnerar derechos no puede ser el mecanismo para reclamar otros, pues los cierres viales terminan produciendo escasez de alimentos, combustible y medicamentos, al igual que alza de precios en la canasta famliar, condiciones que terminarán afectando desproporcionadamente a los más vulnerables.

Desbloquear las vías en consenso con los manifestantes permitiría que miles de colombianos puedan reactivar sus actividades productivas, ejercer su derecho a la movilidad y trabajo, así como facilitaría las condiciones para avanzar en el díalogo constructivo. Si los líderes del paro dan este paso y abandonan las vías de hecho ganarían mayor credibilidad en la ciudadanía y enviarían un mensaje contundemente de no agresión y respeto por los derechos de los demás.

Nos compete a todos como ciudadanos aportar a ese ejercicio de concertación colectiva que contribuya a acuerdos que respodan a solucionar problemas estructurales como el desempleo juvenil, las brechas territoriales y de género en Colombia.

El camino para avanzar en superar la crisis actual nos exige respetar la diferencia, convertirnos en garantes de los derechos de los demás colombianos, rechazar las vías de hecho y la violencia, cualquiera sea su procedencia.