Frente a mi columna de la semana pasada sobre el aterrador caso de explotación sexual y posible trata, por parte de un extranjero a dos menores de 14 y 12 años, recibí la observación sobre la dimensión que tienen estos delitos en todo el país.

Imaginemos por un momento que la niña o niño, explotados en una playa paradisíaca es nuestro hija o hijo, sobrino o nieta. ¿Seguiríamos viendo esta situación con la misma distancia? Ya es momento de internalizar la realidad de que los menores de edad en riesgo o explotados, no son estadísticas, sino seres humanos frágiles que merecen nuestra atención y protección.

Además, algunas instituciones con responsabilidad en las políticas públicas y las acciones consideran este tema incómodo, y prefieren no ahondar con urgencia y determinación en él. Prefieren pasar de agache.

Pero, realmente la dimensión del problema es de marca mayor y ocurre en muchas ciudades turísticas de Colombia y también en las zonas de frontera, las zonas de los puertos carreteables y fluviales, frente a proyectos de infraestructura, y en las zonas catalogadas como de conflicto.

Para todos los sectores legales se deben promover códigos de conducta y manuales con acciones en la lucha contra la explotación sexual comercial y la trata en niñas, niños y adolescentes. Tanto los viajeros, como lo ciudadanos locales, deben estar informados sobre los riesgos asociados y la importancia de viajar y de recibir turistas de manera ética y responsable.

Los códigos de conducta del sector turismo, que abarca desde hoteles, restaurantes, hasta agencias de viajes y aerolíneas, pueden ser un camino de acción fundamental en la protección de los menores de edad. Estos códigos, sin embargo, deben ir más allá de simples formalidades. Deben convertirse en una expresión activa de la responsabilidad social para garantizar entornos seguros libres de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Es frecuente que los compromisos sean asumidos por el sector formal y ciertas cadenas hoteleras, pero ahora es imperativo involucrar a toda la cadena de valor del sector, incluyendo a los sectores informales y de la economía popular, en la adopción y cumplimiento de estos códigos de conducta. Las prácticas éticas, es un deber compartido por todos, no una responsabilidad exclusiva de unos pocos, si queremos cambiar la situación actual.

Los manuales están destinados a apoyar a las instituciones encargadas de las políticas públicas. Brindan orientación sobre cómo desarrollar las leyes, estrategias y regulaciones para prevenir y combatir la explotación y trata. Incluyen la identificación de buenas prácticas, la elaboración de marcos legales sólidos, que incluyen precisión en materia penal, instrumentos de cooperación y la implementación de mecanismos de seguimiento, actualización y evaluación.

El turismo ético no es simplemente una opción; es un imperativo moral. Los viajeros y las empresas turísticas tienen la responsabilidad de garantizar que sus actividades no contribuyan ni toleren ninguna forma de explotación infantil. Los viajeros deben estar informados sobre los riesgos asociados y la importancia de viajar de manera ética y respetuosa.

Las campañas de sensibilización también deben dirigirse a las comunidades locales, para educarlas y que comprendan que es insostenible un turismo que tolere prácticas contra los menores de edad locales.

Es crucial enfatizar la importancia de que la Organización Mundial del Turismo (OMT), bajo la dirección actual de Natalia Bayona de Colombia, lidere de manera integral la promoción del turismo que esté completamente libre de cualquier forma de delito contra los menores de edad.

Mientras tanto, ¿El Ministerio de Turismo permanecerá en silencio o revisará activamente sus estrategias y acciones en relación con un turismo responsable, libre de explotación y trata?