Quién iba a pensar que, 39 años después, el mismo Gustavo Petro sería el principal promotor de la violencia contra la Corte Suprema.
Los hechos del 8 de febrero de 2024 pasarán a la historia como el inicio de un peligroso camino hacia la dictadura. Lamentablemente, esto no debería sorprendernos ya que el presidente ha venido anunciando su inconformismo con la Constitución y sus instituciones, así como su clara disposición a desconocer ambas.
Es de suma gravedad que el presidente de la República sea quién lidere la fractura institucional del país, los próximos meses serán la prueba máxima para la rama judicial y la fuerza pública. Serán quienes, obrando constitucionalmente, garantizarán o no que la democracia en Colombia sobreviva.
El tiempo nos dirá si el presidente estará dispuesto a obedecer la Ley, o si los acontecimientos que vivimos son parte de un plan de quiebre institucional estructurado por una izquierda radical que ha sido incapaz de gobernar la nación y que busca extender su mandato perpetuándose en el poder.
El Pacto Histórico y, en especial el presidente, sabe que perderá estruendosamente en las urnas tal y como se demostró en las elecciones regionales de 2023. Las poco nutridas manifestaciones convocadas por el oficialismo demuestran que el “apoyo” que aduce tener Petro disminuye con cada día que pasa de su gobierno y que esa supuesta fuerza “popular” no es más que un activismo prepago.
Los escándalos semanales de corrupción, los mediocres resultados de ejecución, los graves cuestionamiento e ilegalidades de sus ministros, el radical empeoramiento de la situación de orden público, el incontenible crecimiento del narcotráfico y la recesión que se avecina llevarán la insatisfacción con el gobierno a niveles históricos poniendo, políticamente hablando, a Petro contra cuerdas.
A lo anterior súmele con esperanza que la justicia comenzará a esclarecer quien realmente eligió al presidente, esperemos saber si se superaron los topes permitidos y, además, con qué dineros. Ya revisaremos si fue con recursos de sindicatos, de narcos o de potencias extranjeras. Y, con esa información, serán los colombianos los llamados a exigir que la Ley se cumpla.
Que Colombia sobreviva a esta hora oscura dependerá de usted y yo, de la prensa y las instituciones. No es hora para tibiezas, no es hora para el miedo, es momento de despertarnos como país democrático que somos y ponernos en defensa de nuestra Constitución.