Hoy, cuando se publica este artículo, ya se conocen los resultados de la votación del plebiscito que darán lugar a múltiples interpretaciones. Sin embargo, desde ahora es posible desentrañar unas realidades que podrían no variar con el triunfo del Sí o del No. En cualquiera de estas dos hipótesis resultaría claro que no se volvería a la contienda armada, no solamente porque las Farc han agotado su voluntad bélica y su capacidad militar, sino también porque no están dispuestas a declinar las inmensas concesiones que obtuvieron en la negociación de La Habana. La política giraría alrededor de la implementación de unos acuerdos que despiertan más temores que esperanzas, si ganare el Sí, o de la reformulación de unos compromisos que resultaron inaceptables para los ciudadanos colombianos, si ganare el No. Y en ambos casos, las tareas estarán marcadas por el volumen de la abstención que podría afectar la legitimidad del acuerdo y estimular un pacto nacional que haga sostenible la paz y desarticule la polarización que hoy se vive. No habría escenarios apocalípticos, como los que han pintado los responsables de la negociación, inseguros por el veredicto de las urnas.

Por ello no se entienden las recientes actitudes relativas al cumplimiento de los compromisos iniciales para la ejecución del acuerdo. Han aflorado interpretaciones e informaciones de las Farc que parecen obedecer al sentimiento de desasosiego que les provoca la consulta popular. Al día siguiente de la firma del acuerdo formularon su interpretación sobre la fecha del “día D”, momento que marca el inicio de la concentración y desarme de sus tropas en las zonas acordadas, supeditándola a la aprobación de la ley de amnistía y a su control constitucional. Esa primera divergencia en asunto de tanta importancia siembra inquietudes, aún más preocupantes cuando se acompañaron de un listado de sus combatientes de 5.765 hombres-arma, muy inferior al estimado por las autoridades de 7.200 efectivos, sin contar los milicianos, y de 14.000 fusiles. Podrían no desmovilizar todas sus fuerzas, ni entregar todas sus armas, sin que hasta hoy se haya suscitado respuesta del gobierno.

No contentos con ello, un vocero del Secretariado reaccionó ferozmente contra la atinada declaración del Fiscal General cuando dijo que “los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final quedan sometidos al régimen ordinario de la ley penal y serán del conocimiento exclusivo de la Fiscalía”. Reclutamiento forzado y lavado de activos

Claro mensaje: ni desmovilización general, ni desarme completo, pero si impunidad perpetua, que no se compensan con solo ofrecer perdones.