Cuando apenas estamos en los primeros escarceos del debate electoral en ciernes de cara a las elecciones del año entrante, se empieza a enrarecer el ambiente político y los aspirantes empiezan a destapar sus cartas. En medio de tales circunstancias se realizó la semana anterior la Asamblea de la Federación Nacional de Departamentos, en la cual fungía como Director ejecutivo hasta la fecha de su realización. En el entendido que la nueva realidad política al interior de la Federación no favorecía mi permanencia en la misma, me permití presentar renuncia al cargo y di un paso al costado para facilitar el relevo en el mismo.
Pero, justamente el día de la Asamblea, en una salida en falso, de manera oportunista y utilizando el arma innoble de la procacidad, el senador Carlos Fernando Galán le envió a la Presidenta del Consejo directivo de la Federación, la Gobernadora Dilian Francisca Toro, una carta abierta portadora de unas preguntas insidiosas con respecto al Contrato No. 093 de 2016 que había suscrito la Federación hacía más de tres meses con la empresa Thomas Greg por valor de $17.690 millones. Se trataba de sembrar la cizaña de la duda sobre la transparencia del proceso que se había seguido y de esta manera tender una espesa cortina de humo para encubrir la soterrada maniobra politiquera que se venía urdiendo para cobrar la cabeza del Director de la Federación.
Resuelto el impase político y por considerarlo como un imperativo ético, me permito ahora dejar en claro mi actuación en este caso. Se trataba de adquirir y poner en marcha una Plataforma centralizada e integral para el manejo de la información concerniente al impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos por parte de la Federación. Se busca con ello controlar la evasión y la elusión del pago de dicho impuesto y de contera mejorar el recaudo del mismo por parte de los departamentos.
Cabe advertir que los recursos asignados por parte de la Federación para la ejecución de este proyecto no provienen del fisco. No obstante lo anterior, la Federación de Departamentos, motu proprio, optó por celebrar dicha contratación ciñéndose al régimen de contratación administrativa. De allí que todo el proceso que se adelantó fue público y toda la información pertinente se colgó oportunamente en el Secop.
Este Estatuto de contratación prevé que la misma se puede adelantar mediante licitación pública, que es la regla o mediante la contratación directa, que es la excepción. Dice la norma que se puede recurrir a la contratación directa “cuando no exista pluralidad” de oferentes “en el mercado” y este es el caso. Huelga decir que la licitación pública per sé no asegura la transparencia del proceso contractual, como la contratación directa per sé tampoco es corrupta; sería un absurdo pensar en procesos concursales o competitivos cuando el titular del derecho a ser adquirido es único.
*Ex director ejecutivo de la Federación de Departamentos