Según el Senador Roy Barreras, virtual presidente del Congreso, el primer proyecto que presentará el nuevo Gobierno será el de la reforma tributaria, y según ratificó en declaraciones públicas el designado director de la DIAN, se propondrá un impuesto sobre la renta a partir de 10 millones de pesos. También se ha dicho que habrá un impuesto al patrimonio a partir de mil millones de pesos.

Sobre el tema tributario el Gobierno y el Congreso deben obrar con mucho realismo y responsabilidad porque se puede lesionar de manera sensible a la clase media. Quien tenga un apartamento de mil millones de pesos no significa que lo acabó de comprar, muchas veces ese es el patrimonio acumulado o adquirido a lo largo de muchos años.

En Bogotá, por ejemplo, tenemos que pagar contribución valorización general, valorización por desarrollo local, predial, y si a ello se le agrega el impuesto al patrimonio, pues se afecta mucho la capacidad de tributación de un sector grande de la población. En el caso de un contratista con remuneración de sus servicios por 10 millones de pesos, primero tiene que hacer efectivo el aporte a salud y pensiones   y luego le aplican la retención en la fuente, entonces termina recibiendo 8 millones, y si a tal suma le aplicamos el impuesto a la renta, pues sencillamente se limita mucho la capacidad de cumplir con esos tributos.

Las necesidades del país desde luego son muchas en diferentes frentes, pero en cuanto al recaudo tributario hay que tener en cuenta la capacidad del contribuyente y atender criterios de equidad. Los problemas del país no se pueden resolver al mismo tiempo. Las cifras frías que se requieren para reducir el déficit fiscal, cumplir las metas de la OCDE y las agencias calificadoras de riesgo no pueden ir más allá de los ingresos reales de los ciudadanos.

Recordemos como reaccionó la opinión pública cuando se presentó el proyecto de reforma tributaria con el que se aspiraba a recaudar menos de la mitad de las cifras de las cuales se habla. Tenemos que ir a un ritmo armónico y gradual porque hacer descansar el pilar de la reforma que se anuncia más en las personas naturales que estamos sobrecargados de impuestos y contribuciones puede provocar mucha inconformidad en los sectores de clase media.

Por su parte la ministra de cultura designada propone ampliar la base gravable del impuesto al consumo de telefonía celular para que a partir de una factura final de 47 mil pesos con su operador pague un impuesto. Ello puede afectar el acceso a un servicio público esencial y limitaría la telemedicina, la educación, el comercio electrónico, entre otros.

Sería recomendable que los ministros designados y quienes van a asumir responsabilidades en otros cargos en el nuevo gobierno se posesionen primero y estructuren sus propuestas para luego si someterlas al debate público porque los anuncios sueltos no aclaran, sino que pueden suscitar equívocos en la opinión pública que deben estarse aclarando.