El gobierno se empecinó en que el monto del presupuesto 2025 debía ser de $523 billones, cifra que incluye los $12 billones que teóricamente proveería la ley de reforma tributaria en el evento bastante incierto de que sea adoptada por el Congreso.

La mayoría de las comisiones económicas de Cámara y Senado pensaron lo contrario, es decir, que los $12 billones de ingresos contingentes no deberían incluirse en el monto del presupuesto del 2025, con el argumento irrefutable de que estos son ingresos “contingentes” que como lo mandan los postulados de la contabilidad pública no se pueden sumar con los ingresos ciertos. Sería sumar peras con manzanas.

Esta discrepancia de criterios llevó a que el proyecto de presupuesto del año entrante no se aprobara en primer debate y, en consecuencia, el gobierno ha anunciado que lo adoptará por decreto. En una de las discusiones más caóticas, desordenadas y anárquicas que jamás se había presenciado en torno a un presupuesto.

La adopción por decreto del presupuesto 2025 traerá algunas consecuencias prácticas, entre las cuales quiero mencionar las siguientes:

La cifra mágica de los $523 billones, con la que el Gobierno anda ilusionado e intransigentemente empecinado, no es más que una fantasía puesto que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, la ejecución del presupuesto adoptado por decreto revelará un faltante en su financiación que tendrá que ser corregido mediante recortes y aplazamientos, tal como ocurrió con el presupuesto del 2024.

El monto de un presupuesto no genera ingresos. Estos solo se dan por el comportamiento real de los recaudos tributarios y por las contrataciones de crédito público durante la vigencia correspondiente. El desplome de los recaudos de la DIAN en el último año, que según se ha conocido son superiores al 30% con relación a los ingresos percibidos el año pasado, es una noticia que anticipa graves dificultades y mermas en los recaudos, así el gobierno se haya empecinado arrogantemente en apuntar un monto de $523 billones en el presupuesto que se adoptará por decreto.

No es aventurado vaticinar que este presupuesto por decreto será objeto de múltiples demandas de inconstitucionalidad ante la Corte; pero más allá de ello lo que mostrará su ejecución es que fuera de la arrogante batalla que libró el Ministro de Hacienda para mantener machaconamente la cifra de $523 billones como monto del presupuesto, habrá sido una batalla inútil y desgastadora.

La actitud intransigente para con el Congreso de no aceptarle una solicitud razonable y prudente como era la de no incluir en el monto de manera indiscriminada, ingresos ciertos e ingresos contingentes (vulnerando todas las normas del sentido común y de la contabilidad pública), llevará a agriar aún más las relaciones entre legislativo y ejecutivo. Y a hacer más improbable todavía la inoportuna y cuestionable reforma tributaria frente a la cual no hay buen ánimo en el capitolio.

Las anteriores son apenas algunas de las consecuencias indeseables a que va a conducir la adopción del presupuesto para la vigencia del 2025 por la vía de un decreto ejecutivo, que terminará siendo una “victoria numantina” para el gobierno.