Grave es nombrar cifras enormes de giros para justificar el incumplimiento de pagos del Icetex a las universidades, siendo la entidad una piedra angular del financiamiento de los créditos educativos de carreras de educación superior. Son casi un millón estudiantes y beneficiarios de sus programas. En realidad, la demora en los pagos por las matrículas tiene a varias universidades de Colombia pasando aceite o con problemas de tesorería. Sería inconcebible que se repitieran, en las instituciones de educación superior, presiones financieras similares a las que presentaron las Entidades Promotoras de Salud antes de ser intervenidas.

A comienzos de abril la cartera vencida asciende a: ¡medio billón de pesos! en renovaciones de créditos y otros programas, según la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun. Es decir, las universidades reciben al estudiante, pero no su pronto pago. Prestan el servicio y asumen el costo hasta tanto. Un proceso de estrangulamiento similar en las instituciones de educación superior, en detrimento de su sostenibilidad, para luego proceder a su intervención sería una crónica cantada, difícil de creer, cuando la deuda la maneja el Estado. El solo hecho de pasarles la carga y dejarlas en dificultades como el del pago de sus profesores y demás gastos incluso va en detrimento de su calidad.

No puede un instituto como el Icetex, concebido como ente articulador de la financiación para la educación superior, pasar a ser un obstáculo. Suena por supuesto alto el monto de un billón treinta y cuatro mil pesos correspondientes a los giros realizados a la totalidad de las instituciones de educación superior, en lo corrido del año, por concepto de adjudicaciones y renovaciones de crédito educativo para el primer semestre de 2024, pero simplemente son la asignación y el crecimiento esperado.

Si se trata de lentitud en la legalización de los créditos de matrículas, hay que agilizar los trámites para hacer más efectivos los desembolsos o más aún si la causa es por un cambio administrativo en la plataforma tecnológica. Por otra parte, no todas las instituciones de educación superior están en la capacidad de soportar el programa U Solidaria, que es voluntario, y ha permitido, durante este año, subsidiar los puntos adicionales al Índice de Precios al Consumidor para los beneficiarios de los créditos educativos que están en período de estudio, lo cual significa tener una tasa de interés a la par con la inflación del año anterior. El convenio lo han suscrito 61 universidades y cubre a mas de treinta y ocho mil estudiantes.

Esto es aún más complicado si se suma la disminución en el número de matriculados y el congelamiento del valor de las matrículas de los años 2022 y 2023, como afirma el presidente de Ascun. La situación es dura porque los pagos por los créditos educativos del Icetex representan entre el 15% y el 45% de las matrículas en las instituciones de educación superior privadas (asociadas a Ascun). Sin este flujo de recursos se constriñen, de manera obligada, su funcionamiento y operación ordinarias. Aunque los hechos no afectan de forma directa a los estudiantes en el corto plazo, si lo hace en el futuro. Es una circunstancia que exige el control político. Es mejor prevenir que lamentar.

*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI

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