Es interesante analizar lo que, a través los cambios frecuentes de anuncios por parte del gobierno, viene ocurriendo con los peajes y la valorización. Todos los días hay un bandazo y todos los días la confusión es mayor.

Comencemos por los peajes. Desde hace año y medio el gobierno viene dando tumbos con las políticas atinentes a peajes. Éstos, junto con las vigencias futuras, han resultado el camino apropiado para canalizar hacia la modernización de la infraestructura nacional cerca de $100 billones de capital privado que el presupuesto nacional habría sido incapaz de proveer; para construir miles de kilómetros de vías 4G; para modernizar nuestra atrasada infraestructura; y lo que es más importante: para vincular capital privado a la gran empresa de la inversión en infraestructura.

Desde el año pasado le dio al gobierno -de manera precipitada- por congelar los ajustes de los peajes convenidos contractualmente en los contratos de concesión. Esta determinación acarrea la obligación fiscal para el estado de compensar a los concesionarios que, de esta manera, se ven afectados al interrumpírseles un mecanismo legítimo pactado en los correspondientes contratos APP para remunerar su inversión.

El gobierno explicó esta abrupta política con el argumento que así se combatía la inflación. En realidad, no le ha hecho ni cosquillas a la evolución del índice de precios. Pero sí ha generado cuantiosos pasivos a cargo de la nación y profunda incertidumbre entre los inversionistas.

Los pasivos a cargo de la nación se han venido pagando por el presupuesto a trompicones, con retrasos, y con grave demerito para la confianza inversionista. Esta ha sido acaso la principal razón de la desconfianza hoy reinante entre inversionistas nacionales y extranjeros para comprometer capitales frescos hacia nuevas obras de infraestructura.

El último bandazo lo anunció el ministro de Hacienda la semana anterior. El ajuste debido a los concesionarios del 4,64% correspondiente al 2024 quedó remitido a las calendas inciertas del año entrante cuando, si se continúa con la política de mantener congelados los precios de los peajes, se acumulará el retraso correspondiente al 2024 con el que seguramente se registrará en 2025.

Según cálculos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura el valor de los retrasos que se adeudan a los concesionarios asciende a la fecha a cerca de un billón de pesos. Suma que seguirá incrementándose en la medida que se prolongue la congelación de los peajes y el retraso en los pagos compensatorios a los concesionarios.

Si a esto le sumamos las voces agresivas del gobierno contra las vigencias futuras que se han abierto junto con las demoras en los pagos compensatorios a los concesionarios por las congelaciones tarifarias, se entiende muy bien la desconfianza que tan erráticas posturas gubernamentales han generado entre quienes de otra manera estarían dispuestos a invertir su capital en la modernización de la infraestructura nacional. Toda vez que el presupuesto nacional es incapaz absolutamente para financiar directamente las inmensas necesidades que demanda la modernización de la infraestructura nacional.

A lo cual ha salido el gobierno Petro con el siguiente argumento: no hay problema, lo que no logremos con peajes y vigencias futuras lo alcanzaremos con la aplicación del mecanismo de las valorizaciones para financiar y recuperar el costo de las obras públicas.

La aplicación del mecanismo de la valorización es desde luego válido. Está previsto en la ley y es un legítimo instrumento para fortalecer la financiación de las obras públicas que generen beneficios a las zonas de influencia.

¿Es realista pensar que se pueden sustituir los peajes y las vigencias futuras con valorizaciones?  ¿Cuánto tiempo va a tomar implantar un complejísimo sistema como son las valorizaciones en todo el territorio nacional donde se hace necesario construir vías de nueva generación? ¿Se ha calibrado la magnitud de las dificultades políticas que un esquema de valorización a acarrear si se piensa aplicar a lo largo y ancho de todas las vías nacionales?

El espectáculo que hemos presenciado en las últimas semanas cuando los intentos para cobrar valorizaciones en un limitado trayecto como es el de Barranquilla a Cartagena se ha enfrentado a gigantescas dificultades de carácter político, jurídico y administrativo permite preguntar: ¿Qué va a suceder cuando se intente aplicar en toda la geografía nacional?

La lección que van dejando los bandazos en materia de peajes (además de su costo fiscal inmenso) es que la valorización resulta un mecanismo válido para complementar la financiación de obras públicas, pero nunca para sustituir lo que se puede alcanzar con las APP.

Si el gobierno insiste en demeritar el esquema de peajes y de vigencias futuras y pretende que va a poder sustituirlos con valorización, nos vamos a quedar con el discurso, pero sin nueva infraestructura que tanto necesita el país.