Definitivamente la llegada en grandes grupos de venezolanos a Colombia nos ha traído problemas de diferente índole, pues no estábamos preparados para  enfrentar una situaciones de tamañas características y el problema no solo atañe  al centro  del país, especialmente  la capital, donde se vive un caos generado ante la presencia de estos vecinos ingresados por el Norte de Santander y desplazados hacia Bogotá, a fuerza de las circunstancias y necesidades, porque la problemática se fue  expandiendo en  poblaciones y ciudades vecinas a la capital, pues sin  posibilidad de  encontrar alternativas  de supervivencia, estas personas optaron por buscar oportunidades  en ciudades circundantes como Sopó, Soacha, Chía, Cota, Zipaquirá y demás concentraciones habitaciones y comerciales del sector.

Las autoridades de aquellas ciudades y municipios se declaran incapaces para enfrentar la llegada de estos grupos inmigrantes, que hacen presencia en  pequeños clanes con perfiles familiares, buscando refugio y ayudas laborales; los alcaldes aseguran no tener recursos económicos para atender la situación y mucho menos soluciones jurídicas que, a más de pedir identificación y tratar de censar estas personas, se puedan utilizar sin hacerles daño, ni ofender su condición  de migrantes en busca de trabajo, techo y comida. Los burgomaestres se quejan también en lo referente al hacinamiento en lugares de habitación, porque donde les rentan una casa, fácilmente se aloja el doble de personas, violentando la capacidad instalada del lugar.

La oferta de mano de obra abundante de por si en aquellas comarcas, se ha visto sobredimensionada con la aparición de nuestros hermanos venezolanos y en muchas ocasiones hasta desplazados los connacionales, generado  malestar y descontento en los naturales de la región, creando momentos de tensión entre los residentes y los  forasteros, quienes ante el difícil momento que viven en lo personal y familiar, fácilmente se tornan agresivos y alegan una demostración de rechazo en la ciudadanía, traducida en discriminación. Esto sin tener en cuenta  una serie de problemas y duelos con graves consecuencias entre ellos mismos, producto de su afán por lograr oportunidades, alterando con ello la paz y armonía reinante en esas poblaciones de cultura campesina y labores agrícolas.

Los consejos de seguridad en los diferentes municipios no se han hecho esperar, sacando por conclusión la urgente ayuda del departamento y de la misma Migración Colombia, pidiendo luces y orientación ante el enorme reto que los acosa, más aun teniendo presente que muchos de estos personajes, no cuentan con la mínima documentación para se identificados censados y ubicados.

Este escenario sería conveniente manejarlo con prudencia y mucho tacto. Tanto la Gobernación como Migración Colombia deben asesorar las autoridades municipales para dar una salida y regulación, sabiendo que el primer paso es el censo y registro, para admitir laboralmente las personas plenamente identificadas, brindándoles seguridad y oportunidades.