Crece como la espuma la indignación y la protesta en la región Caribe por el alza desmesurada de las tarifas de energía, las mas altas del país, a tal punto que el aumento en las facturas por la prestación de ese servicio por parte de los dos operadores Air´e y Afinia entre junio del año 2021 y junio de 2022 sobrepasó el 70%, cifra esta escandalosa, en momentos en los que, según el DANE, la inflación se trepó hasta los dos dígitos. Es más, este incremento en las tarifas habría sido mayor de no aplicarse por parte de dichas empresas la llamada “opción tarifaria”. 

Como afirma el obispo de la Diócesis de Riohacha, Monseñor Francisco Ceballos, “es muy difícil con un salario mínimo pagar los costos de energía, se paga energía o se come”. Como bien dice el editorial de El Heraldo, “el progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador”. 

Así de grave y amenazador es el asunto.

A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas reconocidas (PR), que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH. Y no es para menos, habida cuenta que mientras en el resto del país las PR son del orden de 12.75% dicho cargo en la fórmula tarifaria de la región Caribe es del 34.23% para Air´e y 30.68% para Afinia. Ello en razón de que no sólo se les reconocen las pérdidas técnicas sino aquellas atribuibles a robo de energía e instalaciones fraudulentas, que son responsabilidad de las empresas. 

Según explica el viceministro de Energía, Miguel Lotero, “estos aumentos se explican porque la región tiene un régimen especial tarifario que fue definido cuando llegaron los nuevos operadores Air´e y Afinia”. Afirma también, para justificar las alzas de tarifas, que “la financiación de estas nuevas inversiones debía hacerse vía tarifa”. Es decir que, a diferencia de lo que se da en el resto del país, en donde a los operadores la CREG les reconocen y remuneran las inversiones ejecutadas en los últimos 5 años a través de la tarifa, en la región Caribe es al revés, se toman como base las inversiones que ejecuten. 

Así lo había recomendado la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que fue la entidad a la que le encomendó la Superintendencia de Servicios Públicos diseñar y estructurar el esquema aplicable a los nuevos operadores. Esto dijo: “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas”.

Por su parte el director ejecutivo de la CREG, Jorge Valencia, planteó ante el Congreso de la República que el órgano regulador “debe velar por tarifas eficientes y servicios adecuados, pero también para que las empresas puedan recuperar los costos en que incurren”, cuando, como ya lo hemos visto, no han incurrido en ellos”. Por ello, con toda razón, le respondió la directora de El Heraldo que “eso no es lo que ocurre con exactitud. La desazón de los usuarios en la Costa frente a los impagables valores de su factura demuestra que la CREG cumple su labor a medias”.

*Miembro de Número de la ACCE

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