La violencia en los estadios de fútbol no es un problema exclusivo de Colombia, pero su incidencia en nuestro país ha tocado niveles tan alarmantes que exigen una intervención inmediata. Los hechos recientes en los estadios Atanasio Girardot de Medellín y Pascual Guerrero de Cali son un llamado de atención sobre la urgente necesidad de adoptar medidas integrales para garantizar la seguridad en estos espacios, pues lo vivido puede quedar en el olvido.

El 26 de septiembre de 2024, el estadio Atanasio Girardot fue testigo de un violento enfrentamiento entre barras bravas que dejó 21 heridos, dos de ellos en estado crítico. Este episodio, ampliamente difundido en los medios, evidenció el deterioro de la convivencia y la incapacidad de las medidas actuales para prevenir actos de esta magnitud. Por otro lado, el 15 de diciembre de 2024, el campo Pascual Guerrero vivió momentos de caos cuando un grupo de aficionados invadió la gramilla tras una derrota, atacando jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Ambos casos exponen fallas graves en la gestión de seguridad y falta de sanciones ejemplares. La solución a este problema debe partir de un compromiso simultáneo entre las autoridades. No nos llamemos a engaños, esta es una responsabilidad compartida de  los clubes, los aficionados y las autoridades de todo orden. Por ello es fundamental que los directivos deportivos comprendan la importancia de implementar tecnologías avanzadas en estos escenarios, como el reconocimiento facial, estas herramientas permiten identificar y judicializar a los responsables de actos violentos, marcando un precedente claro, que no haya lugar para la impunidad enfocados con la tecnología, la educación y la responsabilidad.

Además, es imperativo trabajar en la pedagogía de las barras bravas, promoviendo valores de respeto y tolerancia. Este esfuerzo debe ir acompañado de políticas que responsabilicen a los clubes por el comportamiento de sus hinchas, incentivando la adopción de estrategias proactivas para prevenir incidentes.

No podemos seguir tolerando que la respuesta ante estos actos se limite a multas simbólicas o suspensiones temporales de los estadios. Las sanciones deben ser contundentes y acompañadas de un plan integral que abarque desde el fortalecimiento de los protocolos de seguridad, hasta la creación de espacios de diálogo entre los diferentes actores del fútbol. Urge pasar de sanciones alegóricas a las soluciones reales.

Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo para el mundo, al liderar el cambio en la lucha contra la violencia en los estadios. Convertir nuestros escenarios deportivos en lugares seguros y respetuosos no es solo una obligación hacia los aficionados, sino también una meta que proyectará una imagen positiva de nuestro país a nivel global. La violencia en el deporte no debe definirnos; más bien, debe ser el desafío que superemos para construir una sociedad más justa, respetuosa y unida.