ESPERAR SU DESARROLLO

El acuerdo de La Habana

Una vez conocido el acuerdo a que acaban de llegar las Farc y el Gobierno nacional sobre el modelo de justicia transicional, procede adelantar las primeras reflexiones sobre su alcance y las implicaciones que pueda tener. El acuerdo supone la creación de una jurisdicción especial de paz con un tribunal y dos salas. 

Del mismo modo, abre la posibilidad para que miembros de la fuerza pública responsables de graves delitos puedan someterse a su jurisdicción.  Y propone adoptar un mecanismo de gradualidad de la pena dependiendo del grado de verdad que individualmente integrantes de esta organización armada al margen de la ley estén dispuestos a aportar.

Por otra parte, habla también de penas restrictivas de la libertad, lo que no equivale a penas privativas de la libertad, porque no es lo mismo. La primera ya existe en nuestra legislación penal con el carácter de medida de aseguramiento. En el estatuto de la Corte Penal Internacional se habla de penas privativas de la libertad.

El acuerdo en referencia que, por lo visto, tiene un carácter marco, contiene enunciados muy generales y habrá que esperar su desarrollo para poder determinar cómo queda finalmente. Pero, por lo pronto, se destaca que no habrá indultos, ni amnistías para los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, de acuerdo con los compromisos internacionales que tiene adquiridos el Estado colombiano. 

Estos mecanismos solo cabrían para el delito de rebelión y sus conexos en los que -según se sostiene- se incluiría el narcotráfico. Este punto es de mucha complejidad porque involucra la comunidad internacional y, además, ha sido la fuente principal de financiación de los aparatos armados de los grupos ilegales.

De otro lado, se destaca como un avance el hecho de que las Farc acepten la condición de victimarios, y que sobre los hechos victimizantes haya investigación y condenas, lo que no habían reconocido hasta la firma del acuerdo sobre este punto. 

Se anuncia que habrá sanciones de mínimo 5 años para quienes reconozcan de manera temprana su responsabilidad por los delitos más graves. Estas sanciones -según palabras del Presidente- tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas. 

La restricción debe permitir el cumplimiento de los trabajos de reparación, como el desminado y la sustitución de cultivos, que, más que una medida de reparación hay que verlo como un deber para con las comunidades o preverlo como una pena accesoria. Y para quienes reconozcan tardíamente su responsabilidad, la pena será de 5 a 8 años en una cárcel ordinaria, y de 20 años para quienes no reconozcan ninguna.

También acordaron 6 meses para la firma final del acuerdo y 60 días más para dejar las armas. Hay que entregarlas. Estaremos atentos.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación debe continuar con su tarea hasta que el acuerdo se convierta en instrumento jurídico. Hoy solo es un acuerdo político.