FINANCIACIÓN

La democracia local

La  elección de alcaldes y gobernadores significó en su espíritu una conquista grande en la ampliación de los espacios democráticos del país.  Primero se adoptó la reforma de la elección popular de alcaldes -promovida por el doctor Álvaro Gómez- y, en el proceso constituyente de 1991, se extendió a los gobernadores que, con la circunscripción nacional y el tarjetón electoral, se buscaba un cambio profundo en los mecanismos de elección. 

En las regiones, que alguien identificaba como la comarca colombiana, se esperaba acabar con el procedimiento de la designación de alcaldes y gobernadores a dedo, para que fuera la propia ciudadanía la que eligiera en forma directa a sus autoridades más próximas, las que tienen que ver con la solución de los problemas locales, regionales y la administración de los servicios públicos.

Acabar con la práctica de contar con alcaldes y gobernadores -sobre todo los primeros- ajenos a la historia, a las costumbres y la idiosincrasia de nuestros pueblos, era una aspiración legítima de todos los ciudadanos.

¿Y cuál es el balance de la implementación de estas reformas? Es variopinto.  En las grandes ciudades el experimento de la elección de alcaldes, en algunos casos, ha sido positivo; en otros, insatisfactorio, y también los hay con un balance muy negativo. En las ciudades intermedias y las poblaciones más pequeñas los alcaldes requieren del acompañamiento preventivo de los órganos de control del Estado porque, en ocasiones, parte de los errores que cometen es por falta de asesoría oportuna.

El problema más conocido, en general, ha tenido que ver con los medios de financiación.  Los costos que se conocen en el proceso de financiación de una campaña a una gobernación o una alcaldía son francamente insospechados.  Lamentablemente se han abierto paso mecanismos de financiación privada con origen diferente que no se vislumbró se podrían presentar; ello ha afectado el espíritu democrático con que se aprobaron tales reformas, como se está viendo con las investigaciones que se adelantan.

Se ha llegado al extremo de que ya se tolera decir que el señor tal es el candidato del alcalde o del gobernador de una determinada circunscripción territorial, cuando se supone que los jefes de las entidades territoriales deben ser neutrales, porque tienen la obligación de garantizar la transparencia del proceso electoral. La verdad es que está ocurriendo al revés: son actores directos en la elección de sus sucesores. 

Lo anterior quiere decir que para aspirar a una alcaldía o gobernación de departamento hay que contar con el apoyo de los funcionarios salientes, dicen algunos. Por ello la estructura democrática del poder en las regiones se ha desequilibrado. La competencia no es muy democrática por los recursos que se requieren para financiar una campaña. Ese es el equilibrio de poderes que se reclama. 

Finalmente, debemos decir que, si se eliminó la reelección presidencial, no se entiende qué justifica mantener la reelección de alcaldes y gobernadores. La paz de Colombia se juega es en las regiones y zonas más apartadas de la geografía nacional.