“No sabemos cuántos puedan volver a universidades”

La crisis mundial del Covid-19 ha puesto contra la pared a la educación superior del país; los líderes de gestión hemos tenido que enfrentarnos a la presión de modificar la estructura presencial a virtual o apoyo en línea para el complemento del aprendizaje y de los recursos educativos más modernos y más renovados que las consabidas hojas amarillas de papel periódico, con las que década tras década muchos docentes dictan aún sus clases.

Para las instituciones que como en la Universidad La Gran Colombia albergamos un grupo estudiantil que en un 84% corresponde a estudiantes de los estratos socioeconómicos 2 y 3 de la población, reglamentados en la Ley 142 de 1994, el reto ha sido grande, porque sabiendo que somos un proyecto social, tal y como fue concebida desde sus inicios hace 70 años, nuestros estudiantes no cuentan en su gran mayoría con medios electrónicos para asumir su proceso formativo de manera sincrónica, aunque en las sesiones asincrónicas puedan lograr conectarse.

Ahora, con la situación económica que viene para el resto de la década, los rectores de las universidades privadas del país, asociadas a Ascun y a otras redes de educación superior, han manifestado al Jefe del Estado su angustia ante el futuro para la sostenibilidad las instituciones de educación superior, para las cuales, incluso de las que tienen estudiantes en su mayoría de los estratos 4, 5 y 6, la situación financiera se pone saldo en rojo, no sólo para atender el día a día, sino también para continuar desarrollando su objeto misional: el servicio público de educación.

Bien lo han señalado ante el Presidente de la República los rectores Moody's, la agencia de calificación de riesgo crediticio, rebajó su perspectiva para 2020 para la educación superior de "estable" a "negativa", debido al aumento de los costos asociados con el cambio repentino a las clases en línea y la pérdida de ingresos vinculada a la matrícula de los estudiantes, como causante de esta decisión, que se presenta como un desbalance para las instituciones privadas, concebidas la mayoría sin ánimo de lucro, las cuales han de seguir con los compromisos de nómina durante este tiempo para su personal administrativo y docente, así como con las becas, descuentos y plazos que se otorgan a los estudiantes, particularmente en las universidades concebidas para las clases trabajadoras.

En las universidades no sabemos cuántos de nuestros estudiantes podrán volver a estudiar, pues muchos de ellos, que se costean sus estudios, así como sus padres y familiares corren el riesgo de estar sin empleo cuando se levante la cuarentena. Además, tampoco las universidades públicas, -algunas de las cuales tienen hoy en día matrículas mucho más costosas que algunas universidades privadas-, no están en capacidad de absorción del estudiantado que entre en deserción y al cual, la crisis le quebrará el sueño de ser profesional.

Los rectores le han solicitado al Presidente el fortalecimiento del Icetex, el refinanciamiento de los créditos con Findeter, el otorgamiento de créditos por líneas compensadas y amplios plazos para atender el funcionamiento y mantenimiento institucional, junto con la masificación de la conectividad para facilitar el desarrollo de las actividades académicas; contemplar que, por un período específico, los parafiscales que aportan las universidades al Sena se queden en las propias IES; no generar cobros por solicitud de registros calificados; exonerar de IVA las importaciones académicas e investigativas, así como el pago de ICA y predial, sumado al acceso a capital de bajo costo que le permita a las IES la transición de la crisis.