Desde que comenzaron las reformas económicas en la década del ochenta del siglo XX, el gigante asiático comprendió que la educación era un pilar fundamental como símbolo del conocimiento y del aprendizaje. Pero el país tenía unas enormes brechas educativas entre los grandes centros urbanos y las pobladas zonas rurales.

Es así, como el gobierno chino promovió el desarrollo de las clases particulares sobre todo en los centros urbanos donde las nuevas familias clase media y alta podían pagarlas. Más, cuando las ciudades de Pekín y Shanghái entraron a participar en las mediciones de desempeño escolar internacional como las Pruebas Pisa.

Surge de ese modo, un enorme y rentable negocio de las clases particulares, incluso algunas llegaron a cotizar en la bolsa, pero el gobierno chino empezó a ver un problema y era la dificultad de controlar lo que se enseñaba. En un sistema autoritario, la educación es una de las mayores herramientas de control, y el gobierno vio como perdía ese control que facilitaría el acceso a información vetada o favorecer el pensamiento crítico en la educación escolar.

En 2021 el Ministerio de Educación chino sacó una ley denominada “doble reducción” que reduce por una parte la carga de tareas y actividades extra clase tan comunes en la educación china, y por otra parte prohíbe las clases particulares. El argumento oficial rebajar la enorme carga a los estudiantes y los niveles de estrés que los aquejan. Pero fue una declaración de guerra contra las empresas que ofrecen clases particulares, las mismas que el gobierno dos décadas atrás había ayudado a crear y fortalecer.

Sin embargo, año y medio después de esa decisión, parece que el régimen de Xi Jinping está perdiendo la guerra por varias razones. La primera muchas familias se organizaron para contratar profesores a que hicieran clases en sus casas, es decir un porcentaje importante de la clase media considera que sus hijos requieren una formación adicional a la que reciben en la escuela y, por otra parte, es lógico que los profesores busquen así sea ilegal impartir esas clases. Muchas veces los colegios saben qué educadores ofrecen clases particulares y los encubren porque al final, entienden que va a favorecer los resultados de sus estudiantes en las pruebas nacionales.

Otro aspecto es que, a pesar de la prohibición, el sistema educativo sigue siendo muy competitivo: por una parte, el gobierno vigila de forma muy estricta a las escuelas que no dan resultados óptimos en las áreas básicas, por otra parte, el acceso a la educación superior sigue siendo muy restringido y los estudiantes requieren una mayor preparación para aprobar los exámenes de ingreso. Ambos factores hacen que sea imposible erradicarlas.

Como el gobierno declaró la guerra a las empresas de clases particulares, las más grandes salieron del país y comenzaron a ofrecer su experiencia en países como Australia, Nueva Zelanda, Indonesia e incluso Estados Unidos. Algunas, comenzaron a desarrollar sus propios materiales educativos cotizan en bolsa en Estados Unidos y se han convertido en un sector en el que se recomienda hacer inversiones.

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Las empresas pequeñas se quedaron y cambiaron su nombre por centros de atención estudiantil, algo que disfraza la oferta de clases particulares. En la cruzada por prohibirlas, en 2022 el Ministerio de Educación chino creó una propia división que se encarga de regular y controlar cualquier oferta educativa que se ofrezca fuera de los programas oficiales de clase. Por otra parte, contradiciendo el argumento inicial de la eliminación de las escuelas, lanzó “centros de atención al estudiante” oficiales, que en las tardes ofrecen clases gratis para los estudiantes de primaria y de secundaria de las grandes ciudades. Y ordenó a los gobiernos locales hacer supervisiones permanentes a los centros de atención particulares para evitar que ofrezcan clases particulares.

Sin embargo, eso es como la prohibición del consumo de licor en los países árabes o la de la pornografía en otros. Todo el mundo sabe que las clases particulares se siguen ofreciendo y tomando, pero prefieren hacerse los de la vista gorda. Eso, por la contradicción que presenta prohibir los refuerzos a los estudiantes y después castigar a las regiones o instituciones con bajo desempeño y por otra, la preocupación de los padres porque sus hijos uno o máximo dos que pueden tener, reciban una educación de calidad, aprendan a pensar para que puedan ingresar a las universidades y responder también al exigente mercado laboral o incluso, para que puedan realizar estudios en el exterior.

Resulta increíble que una actividad como educar termine siendo ilegal, que el gobierno autorice perseguirla, pero a la vez sorprende como las mismas autoridades facilitan que se hagan. Las escuelas permiten que se desarrollen las clases particulares y los padres y familiares asumen el riesgo de ser sancionados y contratan profesores para una formación complementaria de los estudiantes.

En China se acercan cambios, al igual que otros países autoritarios un sector de la población con formación de alto nivel empieza a reclamar libertades y derechos, aprende a cuestionar, un ejemplo fue como por la presión de los habitantes de las tres primeras ciudades del país el gobierno se vio forzado a levantar el estricto confinamiento en el que vivió la población dos años y medio.

Por ahora, el sector de las clases particulares continua con buena salud y terminó ampliando la oferta, tanto nacional como internacional. Habrá que esperar que acciones tomará el gobierno chino en 2023 sobre la política de actividades extraescolares, si recrudece las acciones contra los hoy centros de atención al estudiante y plantea una guerra más frontal, o termina cediendo en una realidad que parece no detenerse en un sector de la población que privilegia la formación de calidad de sus estudiantes.

*Especialista en Educación