La pandemia del Covid-19 ha generado ya más de 53 millones de contagios y 1,3 millones de decesos desde que surgió en China en diciembre pasado. Pero no es la única enfermedad que se ha disparado este año. Hay otra que, paralela a la propagación del virus, también está causando estragos. Se trata de la infodemia.

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¿Qué es? La definición más reciente la dio, precisamente, meses atrás la Organización Mundial de Salud (OMS), cuando alertó sobre las consecuencias de este flagelo en la respuesta contra este coronavirus. “El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un período corto debido a un incidente concreto como la pandemia actual. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus”.

¿Qué es la desinformación? Según la misma fuente, es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. “En el contexto de la pandemia actual, puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida, en particular la salud mental, habida cuenta de que las búsquedas en internet de información actualizada sobre el Covid-19 se han disparado de 50% a 70% en todas las generaciones”.

De acuerdo con la rectora global de la salud, en plena pandemia “la desinformación puede afectar negativamente la salud humana. Muchas historias falsas o engañosas se inventan y difunden sin comprobar su veracidad ni calidad. Gran parte de esta desinformación se basa en teorías de la conspiración, y parte de ella introduce algunos de los elementos de ellas en el discurso predominante. Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre todos los aspectos de la enfermedad, como el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. La desinformación puede difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a cambios de comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos. Todo esto hace que la pandemia sea mucho más grave, perjudique a más personas y ponga en peligro el alcance y la sostenibilidad del sistema de salud mundial”.

Una prueba de esta avalancha de información sobre la pandemia es que, según un estudio del Centro de Informática de la Salud de la Universidad de Illinois, en marzo unos 550 millones de tuits incluyeron los términos coronavirus, corona virus, covid19, COVID-19, covid_19 y pandemia.

 Cruzada global

Desde el mismo momento en que empezó a prenderse la alerta sobre cómo la infodemia se estaba convirtiendo en un peligro grave para una humanidad que, sometida a cuarentenas y confinamientos, se volcó masivamente a internet, arrancaron distintos estudios sobre cómo combatir este flagelo.

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Uno de los más completos fue revelado días atrás bajo el título “Cómo acabar con la infodemia: 253 recomendaciones del Foro sobre Información y Democracia”.

Con base en más de un centenar de aportaciones de expertos internacionales, el documento ofrece una serie de recomendaciones destinadas a frenar un fenómeno que pone en peligro tanto a las democracias como a los derechos humanos, incluido el derecho a salud.

Dicho Foro, creado en 2019 por once organizaciones y centros de investigación, puso en marcha un grupo de trabajo sobre las infodemias en junio pasado. Su objetivo era formular un “marco regulatorio” como respuesta al caos informativo en las plataformas y redes sociales. Tras cinco meses de trabajo, este grupo, cuyo comité directivo está copresidido por Maria Ressa y Marietje Schaake, publicó la semana pasada un detallado informe que incluye 253 recomendaciones a los Estados y a las plataformas digitales.

El estudio, según Reporteros sin Fronteras, identificó cuatro desafíos estructurales y propone soluciones concretas para cada uno de ellos:

• Transparencia de las plataformas
• Moderación de contenidos,
• Fomento de la fiabilidad de la información,
• Servicios de mensajería privada

No es un tema menor y prueba de ello es que muchos países miembros de la Alianza por el Multilateralismo prestaron su apoyo cuando el presidente del Foro, Christophe Deloire, presentó el grupo de trabajo en una reunión de la asociación, el 26 de junio de 2020, ante cerca de 50 ministros de Relaciones Exteriores y en presencia de director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.

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“Este informe demuestra que es posible una solución estructural para poner fin al caos informativo, que representa un peligro mortal para nuestras democracias”, explicó Christophe Deloire. Agregó que “todas las instituciones que emprendan iniciativas legislativas sobre las plataformas deberían inspirarse en este informe, ya sea India, con la Sección 79; Estados Unidos, con la Sección 230; Canadá con la Digital Charter; el Reino Unido con el Online Harms Bill y, por supuesto, la Unión Europea con la Ley de Servicios Digitales”.

Las 12 principales recomendaciones

- Hace falta regulación pública para exigir transparencia a los proveedores de servicios en línea

1.  Los requisitos de transparencia deben centrarse en las funciones básicas de todas las plataformas en el ecosistema de la información pública: moderación de contenidos, clasificación del contenido, orientación del contenido y fortalecimiento de la influencia social.
2.  Los reguladores responsables de hacer cumplir los requisitos de transparencia deben contar con sólidos procesos de control y de auditoría democráticos.
3.  Las sanciones por incumplimiento de las plataformas podrían incluir multas significativas, publicidad obligatoria en forma de banners, responsabilidad de la dirección general y sanciones administrativas como el cierre de acceso al mercado de un país. - Es necesario un nuevo modelo de metarregulación en moderación de contenido
4.  Para la moderación de contenido, las plataformas deben seguir un conjunto de principios de derechos humanos basado en el Derecho Internacional Humanitario: legalidad, necesidad y proporcionalidad, legitimidad, igualdad y no discriminación.
5.  En términos de pluralismo, las plataformas deben asumir el mismo tipo de obligaciones que la radiodifusión en las diferentes jurisdicciones en las que operan. Un ejemplo sería la voluntary fairness doctrine.
6.  Las plataformas deben aumentar el número de moderadores y gastar un porcentaje mínimo de sus ingresos para mejorar la calidad de la revisión del contenido, en particular, en los países en riesgo. - Deben iniciarse nuevos enfoques para el diseño de plataformas
7.  Las normas de seguridad y de calidad de la arquitectura digital y de la ingeniería de software deben ser aplicadas por una agencia de normalización de estándares digitales. El Foro sobre Información y Democracia podría llevar a cabo un estudio de viabilidad sobre el funcionamiento de dicha agencia.
8.  Deberían prohibirse los conflictos de intereses de las plataformas para evitar que el espacio de la información y la comunicación esté regido o influenciado por intereses comerciales, políticos o de otro tipo.
9.  Debería definirse un marco de corregulación para la promoción de contenidos periodísticos de interés público basado en estándares de autorregulación como los de la Journalism Trust Initiative; hay que añadir mecanismos de freno para ralentizar la propagación de contenido viral potencialmente dañino.- Hace falta establecer salvaguardas en los servicios de mensajería cerrada cuando estos entran en el espacio público
10.  Deben aplicarse medidas que limiten la viralidad del contenido engañoso, a través de la restricción de ciertas funcionalidades; opciones de aceptación para recibir mensajes de grupo y medidas para combatir los mensajes masivos y las conductas automatizadas.
11.  Debería exigirse a los proveedores de servicios en línea que proporcionen a los usuarios una mejor información sobre el origen de los mensajes que reciben, en particular mediante el etiquetado aquellos que se han reenviado.
12.  Han de reforzarse los mecanismos de notificación de contenidos ilícitos por parte de los usuarios, así como los mecanismos de recurso para los usuarios a los que se les prohíbe el acceso a los servicios.