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Redacción Política
- Modelo distinto a Colombia: El documento del Ministerio de Hacienda se basa en un estudio y un modelo elaborado por Isabella Weber y Evan Wasner llamado “Sellers’ Inflaciónon, Profits and Conflict: Why can Large Firms Hike Prices in an Emergency”. Este se concentra en identificar la efectividad de la política monetaria para controlar procesos de inflación en los casos en los cuales la misma se debe a shocks de oferta, como el que se presentó durante la pandemia en 2020-2021. El problema es que el estudio fue realizado para el mercado de Estados Unidos durante la pandemia y luego para mercados desarrollados de la OCDE, con una estructura económica significativamente distinta a la de Colombia, que tiene alta informalidad y alta dependencia de productos importados.
- Desconoce efecto de bloqueos: En el estudio se reconocen e identifican las principales causas de la inflación durante los últimos 24 meses. Con base en esto se indica que las presiones inflacionarias podrían también explicarse por el fuerte repunte de la demanda agregada. Sin embargo, el Consejo Gremial advierte que se desconocieron elementos como el impacto de los bloqueos del año 21 en el aparato productivo con efecto extendido hasta el 22, particularmente en algunos renglones agropecuarios.
- Dos errores: El Consejo Gremial advierte que el título y mensaje principal del comunicado de prensa del Ministerio son erróneos porque asignan la responsabilidad de la inflación a solo uno de los agentes analizados en el estudio, y a solo una de las variables que tienen participación en las acciones de mercado, desconociendo a otros múltiples actores económicos internos y externos. También se señala que es un error partir del supuesto de que en Colombia hay un mercado oligopólico, en donde las empresas tienen el poder para fijar precios.
- Estructura de precios: Señalar que uno de los grandes impulsores de la inflación fue el aumento de utilidades en minería y petróleo, desconoce que sus precios están determinados especialmente por su valor en los mercados internacionales y no por criterios locales. Además, la mayoría de esos productos son exportados y su precio de venta es inocuo sobre los mercados locales.
- Mercado eléctrico: La cúpula gremial advierte que en este campo el estudio no consideró el alto el choque entre demanda y oferta. El incremento de la demanda en 4,5% en 2023, significa un 50% más al crecimiento anual promedio, mientras que la oferta no ha crecido al mismo ritmo, porque han entrado en ejecución menos del 20% de los proyectos que se esperaban anualmente desde hace 4 años.
- Economía informal: Otro yerro estuvo en no reconocer la importancia de la economía informal en Colombia. En el caso particular de la producción de alimentos, se desconoce que un volumen importante de la oferta está en la economía campesina y pequeños productores, que no tienen capacidad alguna para fijar precios en el mercado.
- Modelo de deflactores: El estudio busca identificar los pesos específicos de tres variables dentro de la generación de incrementos en precios: impuestos, utilidades, y costo laboral. Para el Consejo Gremial tratar de simplificar la economía en estas tres categorías es erróneo y conduce a conclusiones equivocadas. Señala que el mismo estudio reconoce otras variables: regulación, tasa de cambio, precios internacionales, costos de logística, tasa de interés, efecto de variables de medioambiente, aumento en déficit fiscal, presiones de demanda impulsadas por el ahorro represado durante la pandemia, efecto de paros del 2021 y más de 3.000 bloqueos a las carreteras.
- Sector agropecuario: En el análisis del sector agropecuario no se reconocen los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania sobre el mercado de commodities e insumos para la producción de alimentos a nivel global y en Colombia. Tampoco se sopesa el efecto de los paros y bloqueos del 2021, de las condiciones climáticas y sanitarias en la oferta de alimentos, así como problemas de índole sanitario locales y externos.
- Errores de modelo: el Consejo Gremial señala que el modelo de deflactores no identifica correctamente cuáles son las causas y los efectos entre unas variables y otras. Aunque existe una relación entre inflación, utilidad unitaria, costo laboral unitario e impuesto unitario, investigaciones anteriores han señalado que los factores de oferta, como precios de insumos agrícolas, crisis de contenedores, bloqueos, eventos sanitarios y el gasto estatal contra cíclico, tuvieron un peso más significativo en la inflación.
- Impactos de políticas: La cúpula gremial advierte que el estudio, pese a reconocer el efecto de las políticas monetarias y fiscales expansivas sobre el consumo privado, desconoce el efecto inflacionario que ello ha registrado.
- Conclusiones contradictorias: El último periodo analizado por el modelo identifica el mayor costo o el mayor efecto sobre la inflación, que está dado primero por los costos laborales unitarios, seguido por los impuestos unitarios y solo en última instancia por la utilidad unitaria, lo que es totalmente contrario a las conclusiones del estudio.
- Aval apresurado: Para la cúpula gremial es claro que los documentos técnicos de instituciones como el Banco de la República o el DNP subrayan que esas ideas son responsabilidad de los autores y no necesariamente comprometen a la institución. En este caso, entonces, el Ministerio se apresuró a avalar este documento.
- Realidad agropecuaria: El Consejo Gremial recuerda que la producción agropecuaria en Colombia dista de estar en manos de unos pocos empresarios. Por el contrario, son millones de pequeños productores y ganaderos que surten el mercado. No hay oligopolios. La oferta productiva está dispersa en 5,7 millones de empresas registradas en Colombia, el 98,1% de ellas microempresas.
- Definición de utilidades: Hay un enfoque impreciso que distorsiona la comprensión real del concepto de utilidades. Por ejemplo, se incorporan costos de capital, por el lado del excedente bruto, y se mezclan salarios y utilidades de la economía formal e informal por el lado del ingreso mixto. Incluso, si el excedente de bruto se equiparara con la utilidad neta, desde esta perspectiva se omiten o subestiman factores como el costo del capital y las obligaciones tributarias, que van más allá del impuesto de renta, como es el caso del impuesto predial.
- Muestra parcial: La muestra utilizada en el modelo base se concentra en un grupo específico de empresas identificadas sistemáticamente en relación con la inflación, lo que sugiere que los resultados no son generalizables para explicar la inflación en sectores distintos a los que pertenecen estas empresas. Al igual, el número limitado de empresas utilizadas no constituye una muestra representativa del mercado.
- Pérdidas postpandemia: Otro, pero gremial al informe es que no es correcto afirmar que las empresas colombianas han incrementado los precios por encima de los costos. Al contrario, algunas empresas han tenido que sufrir pérdidas postpandemia.
- Concentración de mercado: Contrario al estudio, el Índice de HerfindahlHirschman (IHH), calculado a partir de los activos de las empresas reportados en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), muestra que la concentración de mercado en el país se ha mantenido constante hasta 2023. De igual manera, en el RUES se registran 1,7 millones de unidades productivas, cifras que muestran el alto nivel de informalidad en el país.
- ¿Más impuestos?: No hay nada en el estudio que indique que una medida razonable para controlar la inflación sea el aumento de impuestos a las empresas, que contradice abiertamente la propuesta del presidente de la República y del Ministerio de Hacienda de otorgarle a la actividad empresarial colombiana un nivel de impuestos que la haga competitiva a nivel continental.
- Urge más discusión: El análisis que ofrecen los autores Weber y Wasner requiere de una mayor discusión entre la comunidad académica y una mayor comprobación a nivel empírico, pero en todo caso no puede trasladarse simplificadamente a Colombia. Una adopción apresurada de teorías que no han sido ampliamente discutidas y probadas puede conducir a un mal entendimiento de los determinantes de la inflación, y en consecuencia puede llevar a tomar decisiones de política equivocadas, y contraproducentes para los propósitos del mismo gobierno en reactivación económica y protección de los ingresos de las firmas y de los hogares.