El Congreso aprobó en último debate la iniciativa que elimina más de un engorroso trámite y abre la puerta para la digitalización del país

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Una de las quejas más escuchadas de la ciudadanía colombiana es que hacer un trámite es una ‘jartera’. El que sea. Acercarse al Estado para una solicitud o un servicio implica necesariamente horas de espera y cientos de fotocopias. Este jueves se aprobó un Proyecto de Ley para que los trámites no sean una carga para los ciudadanos.

La iniciativa de autoría del representante vallecaucano Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, busca que el país avance no solo en tener un Estado más ágil, sino a que los trámites se puedan hacer de manera digital.

Según cifras del representante, en este momento solo el 4% de los trámites se puede hacer por Internet y Colombia ocupa el deshonroso lugar de ser el tercer país de Latinoamérica más demorado en resolver un trámite para un ciudadano.

Kuri sostuvo en diálogo con EL NUEVO SIGLO que la aprobación de esta iniciativa permite, aparte de ahorrar tiempo, que los colombianos se libren de más de 62.000 trámites que hoy los agobian día a día.

“Esta ley no se mete con ningún trámite en específico. Es una ley general. Lo que hace es darle lineamientos generales a la Rama Ejecutiva de la Nación, los departamentos y los municipios, y les pone unas obligaciones en aras de racionalizar los trámites y eliminar algunos que no tienen sentido”, explicó.

Hay cinco puntos clave en la nueva norma.

1. Digitalización de los trámites

De ahora en adelante todos los trámites que se creen, podrán hacerse en línea. Para los que ya existen “y que no puedan realizarse totalmente en línea, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará los plazos y condiciones. El Estado promoverá el uso de los canales virtuales para tal fin”. Además no podrán incrementarse las tarifas ni generar cobros adicionales por realizarlos en esta modalidad.

“Es ridículo que en pleno siglo XXI, el 96% de los trámites que se hacen en Colombia se tengan que hacer de manera presencial”, indicó el representante Reyes.

2. La carpeta digital

Siempre que se va a hacer un trámite en Colombia a los ciudadanos se les piden unos documentos, que para quienes ya llevan varios años de vida adulta se convierten en un ‘leitmotiv’: que la fotocopia de la cédula al 150% por ambas caras, que el certificado laboral, que la fotocopia del registro civil, que la autenticación de tal o cual permiso, lo que dificulta cualquier solicitud al Estado.

La nueva norma contempla la creación del servicio de carpeta ciudadana digital, un mecanismo en la nube donde cada ciudadano puede guardar su información y compartirla de manera segura con la entidad interesada.

El Estado debe “crear, diseñar o adecuar los mecanismos técnicos que permitan la vinculación al servicio de carpeta ciudadana digital y garantizar el acceso de manera segura, confiable y actualizada al conjunto de los datos de quienes se relacionan con el Estado”.

Además, la ley prevé que el Estado “deberá suministrar a los prestadores de servicios ciudadanos digitales los datos a los que se accede a través de la carpeta ciudadana digital, siempre y cuando dichos prestadores cuenten con autorización previa de los titulares de los datos. Asimismo, los sujetos obligados (Gobierno nacional, alcaldías y gobernaciones) deberán contar con las herramientas e infraestructuras, suficientes y adecuadas que apoyen la disponibilidad y cobertura de los servicios ofertados por el prestador del servicio de carpeta ciudadana digital”.

3. Las estampillas

Las estampillas o sellos postales sirven para recaudar recursos. Ahora, la norma busca que estas continúen pero de forma digital, es decir, que se emitan, paguen, adhieran y anulen por medios electrónicos. La ley da un tiempo, según la categoría de los municipios, para su adopción.

Reyes señaló que “las estampillas físicas se prestan para todo tipo de corrupción. Todas estas que se tienen que ir a comprar, pagar y enviar. Se obliga a que sean electrónicas. Eso no solo agiliza el trámite sino que previene la corrupción”.

4. Tiempos de trámites

La norma indica que “el término para resolver de fondo un trámite será el dispuesto en la ley que fundamenta su creación o su decreto reglamentario. Los servidores públicos bajo ninguna circunstancia podrán resolver un trámite por fuera de los términos allí estipulados. En caso de que no se disponga término para resolver de fondo un trámite en la ley o decreto reglamentario, este deberá resolverse conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015”. En otras palabras, el objetivo de la iniciativa es que a más tardar en 15 días se resuelvan las peticiones de los ciudadanos ante las entidades públicas.

5. Atención al ciudadano

La ley aprobada busca que la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios “con población superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado”.

En palabras del autor, “hoy usted va a una Alcaldía y va a hacer un trámite de lo que sea, va a la oficina de atención y lo remiten a otra dependencia, y de allá a otra. Lo convierten en el mensajero. Aquí debe haber una oficina central, única para responderle al ciudadano”.

Eliminación de diligencias innecesarias

En el 2012 se había expedido el Decreto Ley 019 que buscaba simplificar los trámites que realizaba el ciudadano. El entonces presidente Juan Manuel Santos fue dotado por el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) de facultades especiales para suprimir o reformar procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.

Más recientemente, el presidente Iván Duque firmó el Decreto 2106 de 2019 con el mismo propósito.