A un debate, que debe darse en la plenaria de la Cámara, quedó el proyecto de alivio a morosos, que les dará 12 meses de plazo para ponerse al día y así, ser borrados de las centrales de riesgo.

El proyecto, conocido como “Borrón y cuenta nueva”, radicado por los senadores David Barguil, del Partido Conservador, y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, busca otorgar mejores condiciones para quienes hagan sus pagos de mora en determinados lapsos y sufrían por estar reportados negativamente ante las centrales de riesgo.

En redes sociales, Barguil destacó esta como una medida oportuna ante la eventual contingencia, teniendo en cuenta que facilitaría el acceso al crédito para quienes lo necesiten ante la emergencia y hoy se están viendo afectados por los reportes negativos. Además, señaló esta como una salida para que las personas no deban incurrir en ‘gota a gota’ o demás formas de crédito informal.

“Esta es una ley que no servirá a miles, sino a millones de colombianos”, destacó Barguil en sus redes sociales, anotando que, respecto a la ponencia original, en el texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara, se aumentó el plazo que tendrían los usuarios para ponerse al día, pasando de seis meses a un año.

Otro de los cambios señalados por Barguil que tiene la actual propuesta aprobada en la Cámara frente a la ponencia original, es que se incorporó que “para el sector turismo, las pymes y los créditos agropecuarios saldrán de forma inmediata del reporte, con un plazo de seis meses para ponerse al día”.

En mayo del año pasado, durante una audiencia convocada por la Comisión Primera del Senado, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, advirtió que este proyecto podría tener el efecto contrario y es limitar el acceso al crédito. “Cuando los bancos no tienen la información asumen que la gente es mala paga y elevan las tasa de interés o reducen los montos de crédito”.

Pero en diciembre, Velasco y Barguil le dijeron a la plenaria del Senado que el proyecto impactaría positivamente la vida financiera de los colombianos reportados y que no induciría a la cultura del no pago.