El incremento salarial para este año será un factor crucial de cara a la apertura de más puestos de trabajo. Este será el tema álgido que deberán negociar el Gobierno, trabajadores y empresarios

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El alto desempleo que tiene el país con un promedio de 10,9% entre enero y julio de este año, tiene con los pelos de punta no solo al Gobierno, sino a los trabajadores y al sector empresarial.

Sin embargo, uno de los factores que más han incidido en la generación de más empleo son los altos costos laborales que actualmente deben enfrentar las empresas.

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Además, para la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF), el alto incremento del salario mínimo ha sido otros de los factores que han frenado la generación de más puestos de trabajo.

En un informe, el gremio financiero señala que “frente a una desaceleración del ciclo económico global-local, lo peor que pudo haber hecho la actual Administración fue incrementar los costos de contratación de mano de obra a través de un ajuste exagerado del Salario Mínimo Legal (SML) (+3 puntos reales) para este 2019. Sumado a lo anterior, la Administración Duque no ha expresado aún su rechazo a iniciativas parlamentarias (de su propio partido) que pretenden agravar esta situación laboral”.

Las cargas

Sostiene la entidad que “ahora el Congreso pretende aprobar cargas laborales sobre las empresas a través de “primas” adicionales, por encima de las ya existentes (prima en junio, prima en diciembre, pago de cesantías, intereses adicionales sobre cesantías, dotación, etc…, todo lo cual representa un multiplicador de costo del +50% sobre el salario pactado)”.

Señala la ANIF que ¡además de este problema estructural de los elevados costos de contratación laboral en Colombia, en la coyuntura actual se tienen dos agravantes: i) la presión sobre la oferta laboral de cerca de 1.5 millones de inmigrantes venezolanos; y ii) la baja dinámica en la generación de empleo (cayendo durante enero-julio de 2019 a ritmos del -0,6% anual vs. el +1% de años anteriores)”.

Asegura el informe que “si bien la migración ha tenido un impacto, es importante contar con un diagnóstico acertado de la situación laboral, pues si se piensa que el problema son los inmigrantes, es porque no se ha entendido bien que se trata de un elevado Costo Colombia y que lo que se requiere es abaratar estructuralmente la contratación de mano de obra (tal como se hizo con la Ley 1607 de 2012)”.

Sostiene el análisis que “en efecto, a pesar de los inmigrantes, resulta sorprendente que la tasa de participación laboral registre un descenso del -0.5% en lo corrido del año, lo cual amerita un estudio, pues su reversión sorpresiva agravaría aún más la situación laboral. Además, debe estudiarse la baja generación de empleo sectorial, donde se observa una desaceleración industrial a nivel del PIB (cayendo del 3% un año atrás a solo el 2% en este primer semestre) y agropecuaria (a ritmos también del 2% anual)”.

La formalización

Señala la entidad que se ha venido avanzando en materia de formalización laboral, donde cabe destacar un marco regulatorio algo más flexible, a saber: i) Ley 1429 de 2010, que reglamentó el subsidio en parafiscales laborales para Pymes; ii) Ley 1607 de 2012, que desmontó 13.5 puntos porcentuales de costos no salariales; y iii) Decreto 2616 de 2013, que habilitó las cotizaciones a la seguridad social por semanas. Sin embargo, los indicadores oficiales de informalidad laboral todavía bordean el 50% y, al referirnos a la densidad de las cotizaciones, se tiene que tan solo un 15% de la Población Económicamente Activa (PEA) contribuye todos los meses a la seguridad social.

En la investigación, la ANIF dice que “si Colombia continúa abaratando los costos no laborales de contratación de mano de obra, tendríamos los siguientes beneficios: i) creación de cerca de 175.000 nuevos puestos de trabajo al año (1.8 millones en la siguiente década); y ii) incremento de la formalidad en cerca de 300.000 nuevas personas al año (3 millones en la siguiente década)”.

Esto se lograría a través de: i) establecer un mecanismo de protección al cesante, limitando el monto del retiro de las cesantías en función del salario y el valor acumulado, de manera que funcionen como un verdadero seguro al desempleo, y cuyos desembolsos sean mensuales, para evitar desahorros innecesarios en casos de rápido reenganche al mercado laboral; ii) aplicar topes a los costos de despido, replicando lo implementado en la Reforma Laboral de España de 2012; iii) atar el ajuste del Salario Mínimo Legal (SML) a la Regla Universal, de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en Productividad Laboral (PL), complementando el Decreto 36 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que castiga presupuestalmente tales desvíos; iv) implementar un SML diferencial para los jóvenes menores de 25 años en período de aprendizaje (equivalente al 75% de 1SML); v) instaurar un sistema de escrutinio de las incapacidades médicas para evitar su falsificación; y vi) crear alternativas profesionales en la secundaria para promover la opción vocacional-técnica.

Propuestas

Asimismo el gremio sostiene que “nuestra propuesta de reforma laboral también incluye la eliminación de: i) el 4% de cargas no salariales hoy destinado a las Cajas de Compensación Familiar; y ii) los intereses de las cesantías (equivalentes al 1% del valor de la nómina), dado que sus inversiones en AFPs ya reconocen intereses reales que han venido promediando un 3% anual en 2005-2018”.

“Nuestras estimaciones señalan que este tipo de reducciones de 5 puntos porcentuales en costos no salariales ayudaría a elevar la formalidad laboral en cerca de +1.2 puntos, al tiempo que reduciría el desempleo en -0.64 puntos porcentuales”, manifiesta el informe.

Para la ANIF toda esta situación “muestra que la tasa de desempleo está determinada por: i) el crecimiento económico observado un año atrás, debido a que dicha variable parece tener efectos positivos rezagados sobre la reducción de la tasa de desempleo; ii) los desbordes del SML de la Regla Universal, donde los desbordes positivos, es decir, los ajustes del SML real por encima de la productividad laboral generarían un mayor desempleo, pues implican un mayor Costo Laboral Unitario; y iii) los costos no salariales (de acuerdo con la distribución de ingresos reportada al PILA)”.

Estos últimos incluyen solo los sobrecostos directos, debido a que los indirectos se han mantenido prácticamente inalterados en los últimos años y pueden variar notoriamente entre las empresas.