Durante las diferentes reuniones que ha tenido el Ministerio de Hacienda en cabeza de José Antonio Ocampo con representantes de los partidos, se han hecho varios cambios que en palabras del jefe de la cartera “han permitido tener un proyecto de ley mejorado”.

Recaudo

Sin duda uno de los cambios más sustanciosos de la reforma tributaria es la meta en el monto del recaudo. Cabe recordar que durante la campaña de elecciones el presidente Gustavo Petro hablaba de $50 billones, que más temprano que tarde bajó a los $25 billones, luego de algunas reuniones con los congresistas. Finalmente, el último anuncio hecho por el mismo Gobierno apunta a que el recaudo será de $20 billones; sin embargo, algunos partidos  esperan que sea menor.

El pasado 6 de octubre en el Congreso de la República se aprobaron los 96 artículos en cinco bloques, por lo que el texto presentado pasó completo en esa primera votación.

Para el debate en plenarias se empezaron a presentar algunos traspiés en diferentes artículos, pues se advertía en el Congreso que varios puntos del proyecto de ley podrían tener efectos negativos en la economía del país.

Pensiones

En cuanto a pensiones, el gobierno Petro dio un paso al costado, pues luego de varias discusiones y críticas por querer gravar las pensiones, finalmente no irá este punto en la reforma tributaria, decisión que celebraron varios congresistas de diferentes partidos.

"Hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido en las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República, tanto Senado como Cámara. Un aspecto: no vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Segundo aspecto: modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes público de propiedad de la Nación", afirmó el jefe de Estado.

En este punto cabe recordar que el proyecto de ley inicialmente pretendía que pensionados cuya mesada superara los 10 millones de pesos mensuales pagasen progresivamente impuesto a la renta, argumentando que este tributo solamente tocaría al 1,2 por ciento de los jubilados en Colombia, que son en teoría quienes tendrían mayores ingresos.

Impuestos a petróleo

Al respecto el primer mandatario dijo que “en todo el sector minero que paga regalías, estas no deben ser deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental: los bienes del subsuelo de la Nación, desde la Constitución de 1886, son propiedad de la Nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. En esa medida, la Nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son, entonces, deducibles de su impuesto de renta”.

Lo que significa esto es que el Gobierno busca atar la sobretasa en renta a los precios internacionales del petróleo y el carbón: si están altos, entra en efecto un porcentaje de la sobretasa que, hasta el momento era fija.

La fórmula se aplicará con tarifas de 5 %, 10 % o 15 %, aunque el Gobierno no quiso entregar detalles de cómo se haría.

De otro lado, Petro aclaró que el impuesto máximo se tendrá en cuenta cuando se registren precios del petróleo superiores al promedio de los últimos 20 años.

Para el caso del carbón, Petro indicó que habrá una tasa diferencial, ya que “sus costos de producción son diferentes”.

En todo caso, la sobretasa a empresas que explotan carbón colombiano llegará hasta máximo 10 % de su impuesto de renta, sobre todo porque se aplicará de acuerdo con el precio externo de las materias primas.

• Le puede interesar:  Banco de la República se abstuvo de dar una meta de inflación

Bebidas azucaradas

De otro lado en cuanto al impuesto a bebidas azucaradas, que también ha generado polémica entre algunos empresarios y la sociedad colombiana en general, actualmente la reforma pretende que de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se tenga que pagar ningún impuesto en 2023 y en 2024. Los que tengan entre 6 y 10 gramos pagarán 18 pesos y los que tengan 10 gramos o más pagarán 35 pesos. Y los pesos que pagarían por la cantidad de azúcar subirían de manera gradual en los próximos tres años.

Al respecto el representante liberal Juan Carlos Losada calificó como una medida ‘sastre’, el cambio que tendría el impuesto a bebidas azucaradas concebido en la reforma tributaria. “Hoy denunciamos en el Congreso cómo en la reforma tributaría venía el impuesto a las bebidas azucaradas con 4 gramos (gr) por cada 100 mililitros (ml) y lo pasaron a 6 gr por cada 100 ml, cuando en Colombia la enorme mayoría de las bebidas azucaradas tienen 4,9 gr, lo que quiere decir que esto es lo mismo que permitirles no pagar impuestos”, sostuvo.

“¡No permitiremos esta jugadita! Presentaremos una proposición para evitar que la industria de las bebidas azucaradas tenga un impuesto hecho a su medida”, añadió Losada.

Zonas francas

El pasado 26 de octubre el ministro de Hacienda sostuvo que en las zonas francas del país habrá “un impuesto ponderado. El 20 % sobre las ventas en el exterior y el 35 % sobre las ventas en el mercado interno. Hay unas excepciones que son productos energéticos que se vendan al mercado interno, que quedan con el 20 %, que son las zonas francas 'offshore' de gas, Reficar y biocombustibles”.

Entre otros anuncios hechos por el jefe de la cartera de Hacienda está que las iglesias no deberán pagar renta por los ingresos que reinviertan en culto o actividades filantrópicas.

Además, que las profesiones liberales (como abogados o consultores) se mantienen en el régimen simple de tributación, desde que tengan un monto de ingresos brutos iguales o inferiores a 500 millones de pesos al año.

Asimismo, se acordó eliminar las restricciones a donaciones sin ánimo de lucro y no habrá nuevos impuestos al comercio electrónico.

Cárcel a evasores

Frente al artículo en el proyecto de ley que se refiere a dar cárcel a evasores, Ocampo confirmó que las penas de cárcel irían para quienes evadan cuentas con el Estado hasta por $1.000 millones. Añadió el ministro que es una de las oportunidades más importantes para avanzar en el marco del sistema tributario colombiano.

Al respecto Luis Carlos Reyes, titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sostuvo que la iniciativa se sustentará sobre algunas normativas que ya tienen lugar en Colombia. Por una parte, la omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes. “Hoy, si una persona le oculta al Estado más de 5.000 salarios mínimos y se descubre, esa persona paga inmediatamente y se extingue la pena” dijo Reyes.

“No queda registro de esa falta y lo que al final resulta es un préstamo del Estado a quien comete el fraude”, agregó.

Vale mencionar que se espera un recaudo cercano a los $23 billones al cierre del cuatrienio, sumando lo que llegue por las medidas en contra de la evasión.