Desde su creación la Regla Fiscal en Colombia está convertida en una herramienta que da seguridad, confianza y estabilidad a la economía colombiana. Incluso en medio de la pandemia, pese a su flexibilización, lo continuó siendo. De allí que cualquier cambio en sus alcances y funciones prende las alertas a nivel externo y local.
Precisamente por ello es que el drástico cambio en la Regla Fiscal que propone el Gobierno dentro del articulado del proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso, genera múltiples expectativas.
Una de las modificaciones planteadas es reforzar al actual Comité Fiscal con un equipo técnico independiente. Este cambio, a juicio del Ministerio de Hacienda, permitiría un incremento en la inversión equivalente en valor presente neto a $280 billones, casi 26% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2022 y 2031.
Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de los analistas es que deja el cambio de la metodología y definiciones a las cuentas fiscales del Gobierno, al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
Señala el proyecto de ajuste tributario que ese cambio de la Regla Fiscal permitiría un balance estructural que no podrá ser inferior a -1,8% del PIB en 2022, -0,7% del PIB en 2023 y -0,2% del PIB en 2024, independientemente del valor del pasivo neto no pensional que se observe.
Sin duda, la actual estructura de Regla Fiscal no se acomoda a las necesidades y exigencias de la reactivación tras la pandemia, según ha dicho el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sobre la propuesta contenida en el proyecto de reforma, el analista del Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, resalta que “es bienvenido el fortalecimiento que tendrá el comité de la regla fiscal, pero nos inquieta que el Confis tendrá una gran incidencia en la operación de dicho instrumento de política”.
Agregó que “además de estos cambios de tipo institucional, anticipamos que la Regla Fiscal que Colombia tendría en el futuro funcionaría de una forma muy distinta a lo que observamos en la última década. Así pues, será necesario que este nuevo marco sea explicado en detalle a los agentes económicos por parte de las autoridades, como paso clave para asegurar que la confianza en el marco de la política macroeconómica de Colombia se mantenga”.
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Cambios
A su turno, Ramón Javier Mesa, profesor de economía de la U. de Antioquia y también miembro del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, dice que “sin duda, esta pandemia ha generado un cambio estructural en las finanzas públicas que obliga a repensar los indicadores que sirven como referencia de las metas fiscales”.
Enfatizó que “en un escenario de incertidumbre por la velocidad de recuperación de la economía, no será fácil retornar el camino de reducción sostenida del déficit fiscal. Esto implica un complejo panorama a mediano plazo de la sostenibilidad fiscal por los compromisos que se derivan de un mayor gasto para atender los efectos generados por la pandemia”.
Por su parte, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, dijo que también será clave que se revisen temas como el de la secretaría técnica de ese organismo.
“Es deseable que el comité consultivo tenga un refuerzo, tenga más herramientas y recursos. Asimismo, la secretaría técnica ha estado en cabeza del Minhacienda, y pese a que tiene una institucionalidad muy robusta, eso generaba un conflicto de interés, por lo que es bueno que tenga la propia”, explicó.
Calificadoras
Con la iniciativa, el Gobierno busca también darles buenas señales a las calificadoras de riesgo, que también han planteado que se le dé un compás de espera a la Regla y se modifique a partir de las nuevas cuentas económicas.
Precisamente sobre este cambio de la Regla Fiscal, la firma Moody’s recordó que su opinión “… ha sido que las autoridades actuarían para incrementar los ingresos estructurales del gobierno con el fin de apoyar la consolidación fiscal y crear espacio para aumentar el gasto social...”.
Precisó que “el anuncio de restricciones al gasto corriente sumado a modificaciones a la regla fiscal son factores que, de implementarse efectivamente, reforzarían la credibilidad del proceso de consolidación fiscal”.
Pilares
De avanzar la reforma en el Congreso, los pilares de la Regla Fiscal serían completamente diferentes a los que han operado en la última década. Las modificaciones en este frente pasan por el cambio en el alcance de la Regla (de Administración Central a Gobierno General), la adopción a un límite sobre la deuda, la redefinición de la meta operativa de balance fiscal, una reglamentación detallada de las cláusulas de escape, la trasformación del comité asesor por un comité autónomo, y un rol central del Confis como instancia para definir los parámetros clave con los que operará la nueva regla fiscal.
Con esto de base, el Gobierno buscará darle un cambio a uno de los indicadores más importantes en términos de capacidad financiera del Gobierno Nacional.
Propone la reforma tributaria que los cambios a Regla Fiscal tengan en cuenta 12 aspectos esenciales: balance fiscal total, balance fiscal primario neto, transacciones de única vez, ingreso petrolero, ingreso estructural petrolero, ciclo petrolero, balance fiscal primario neto estructural, pasivo agregado no pensional, pasivo neto no pensional, límite del pasivo neto no pensional, margen prudencial y ancla del pasivo neto no pensional.
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Cláusula
En vista de que el Gobierno deja sobre la mesa la posibilidad de que se presenten eventos económicos extraordinarios, la reforma tributaria propone que el Confis active “la cláusula de escape de las metas fiscales, previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal”.
La cláusula de escape no podrá estar activa por más de tres años consecutivos, contados, inclusive, a partir de la vigencia fiscal en la cual se realice su activación.
De otro lado, también se creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que estará integrado por cinco expertos, de reconocido prestigio profesional o académico, que serán designados por el Ministro de Hacienda y elegidos por un periodo institucional de cuatro años.
La idea general del Gobierno es que entre el 2022 y el 2024 el país tenga un periodo para ajustar sus finanzas, teniendo en cuenta los gastos extra que tuvo que cubrir por la pandemia y una reducción en el recaudo.
Cabe recordar que la Regla Fiscal entró en vigencia en el 2012 y su objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de unas metas. Por cuenta de la crisis generada por la llegada del coronavirus al país, los objetivos que fijó ese organismo se suspendieron hasta el 2022, por lo que plantean que desde ese año se empiecen a ajustar mejor las cuentas en un lapso de ‘transición’.
Al cierre de 2020, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC), según el Minhacienda, fue de 61,4% del PIB y, a enero de este año, iba en 61,5%. Asimismo, el déficit que estimó esa cartera en su plan financiero para este año es de 8,6% del PIB, incluso mayor que el de 2020, que fue de 7,8%.
Funciones del Comité Autónomo
1.- El Comité Autónomo de la Regla Fiscal deberá pronunciarse sobre el informe de cumplimiento de la regla fiscal que el Gobierno debe presentar ante las comisiones económicas del Congreso.
2.- También deberá evaluar las proyecciones del Gobierno nacional en materia macroeconómica y fiscal, con respecto al Gobierno General.
3.- Debe emitir concepto técnico sobre las metodologías empleadas para el cálculo de los indicadores fiscales asociados al balance fiscal y a los pasivos del Gobierno General.
4.- Debe pronunciarse sobre las metodologías y determinaciones establecidas por parte del Consejo Superior de Política Fiscal, en el marco del funcionamiento de la Regla Fiscal.
5.- Evaluar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas, incluidos los pasivos no explícitos, así como el pasivo pensional del Gobierno Nacional Central y el Gobierno General.
6.- Debe emitir concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo al momento de su publicación.
7.- Debe llevar a cabo el análisis de consistencia entre las metas de la regla fiscal y el contenido de los principales instrumentos de la política fiscal.
8.- Pronunciarse públicamente sobre la activación de la cláusula de escape.