Un inventario consolidado de la Superintendencia de Sociedades arrojó que hasta agosto de este año un total de 3.679 empresas se han acogido a procesos de insolvencia con activos por $67 billones y 200.287 trabajadores, de los cuales 2.942 son procesos de reorganización (en trámite 1.257 y en ejecución 1.685) y 737 son procesos de liquidación.

De acuerdo con el "Atlas de Insolvencia" de la entidad supervisora, que se publica cada semestre, en los primeros seis meses del 2021 se han presentado 615 solicitudes de insolvencia, un 36% más frente a las que se registraron entre enero y junio de 2020. Un 78,86% de las solicitudes corresponden a procesos de reorganización y un 21,14% a solicitudes de liquidación.

De acuerdo con la Supersociedades, “este año ha habido un aumento de los acuerdos de reorganización en ejecución, al pasar de 1.190 a diciembre 31 de 2019, a 1.685 al 30 de junio de 2021, lo que representa aproximadamente 495 empresas rescatadas en ese periodo, y el estudio y trámite del 97,39% de las solicitudes presentadas desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Cabe destacar que los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia tienen como fin brindar una respuesta rápida y eficaz a las empresas en dificultades económicas y la protección del empleo, sin descuidar el crédito".

En relación con el tipo de solicitudes admitidas a procesos o trámites de insolvencia durante el primer semestre de 2021, un 76,33% acudió al uso de los mecanismos creados por los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, para conjurar la crisis causada por la covid-19.

Inventario

El inventario de los 3.679 procesos se divide por sectores: 235 empresas pertenecen al sector de agricultura, 855 de comercio, 421 de construcción, 638 de manufactura, 66 del minero y 1.065 de servicios, para un total de 3.280 empresas. Los procesos adicionales en el inventario, es decir 399 procesos, son de Personas Naturales No Comerciantes.

Las anteriores cifras incorporan el resultado de la crisis del sector empresarial generada por la pandemia y la gestión de la Supersociedades en los procesos y trámites de insolvencia, para promover más empresa y más empleo y contar con empresas competitivas, productivas y perdurables. 

Las rebajas

De otro lado, se debe tener en cuenta que el pasado 19 de agosto, el Gobierno nacional expidió el Decreto 939, con el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 560 de 2020, con el fin de preservar la empresa y el empleo.

La nueva normativa permite a la DIAN realizar rebajas de sanciones, intereses y capital, sobre aquellas obligaciones por concepto de impuestos administrados por la entidad, a cargo de empresas que se vieron afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y que se encuentren inmersos en un proceso de naturaleza concursal, bajo el régimen de insolvencia.

El director general de la DIAN, Lisandro Junco, indicó que "indudablemente esta medida es un apoyo a estas empresas que se vieron obligadas a reorganizarse en la coyuntura por la pandemia de covid y que, estando en ese proceso, pueden reactivarse, recuperarse y conservarse como fuentes generadoras de empleo".

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, dijo que “desde el Gobierno nacional trabajamos para apoyar la reactivación económica segura de todas las empresas colombianas. Algunas unidades productivas se vieron obligadas a entrar en procesos de insolvencia a causa de la pandemia. Por eso se ha facultado a la DIAN para que, en estos casos, efectúe las rebajas de sanciones, intereses y capital derivados de obligaciones tributarias pendientes".

El empleo

La herramienta ayudará a que la empresa respectiva siga funcionando y a preservar los empleos que esta genera. La norma donde se reglamenta el beneficio establece diferentes opciones de plazos y montos. De esta manera, los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular.

Para acceder a estas prerrogativas, el contribuyente o deudor podrá presentar la solicitud de rebaja de intereses, sanciones y capital, según el caso, ante el nominador del proceso concursal, sea la Superintendencia de Sociedades, Juez Civil del Circuito o ante las Cámaras de Comercio, a fin de que la DIAN tenga conocimiento y acceso a la información que en tal sentido presente el deudor.

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Serán objeto de las rebajas previstas las obligaciones que se encuentren reconocidas en el proceso de insolvencia, discriminando el concepto, año, periodo y los valores de capital, sanción e interés. Adicionalmente, deberá acompañar la solicitud de la relación de acreencias, objeto de graduación y calificación de acreencias, junto con la memoria explicativa de las causas de insolvencia y proyecto de acuerdo para ponerse al día en el pago de las obligaciones.

Oportunidades

Para el caso de los contribuyentes que se encontraban en ejecución de procesos de insolvencia, con anterioridad a la expedición del Decreto, podrán acogerse únicamente sobre el saldo de las obligaciones, lo cual implica efectuar la modificación y renegociación del acuerdo inicialmente pactado entre acreedores, para su posterior confirmación por parte del juez concursal, cuando esta sea procedente.

"El nivel de rebajas está estrictamente ligado al tiempo dispuesto en el acuerdo para el pago de la obligación: a menor tiempo mayor reducción, además de garantizar las prerrogativas a los acreedores que apoyen la financiación del deudor", precisó el director general de la DIAN.

“Así, ponemos a su disposición una herramienta con la que buscamos darle alternativas de liquidez a las empresas en proceso de insolvencia. Invito a quienes se encuentran en esta situación a contactarse con la DIAN con el fin de conocer el procedimiento, así como el detalle de plazos y montos”, manifestó la ministra Lombana.

De acuerdo a la normativa, este tratamiento no procede para los impuestos indirectos tales como Impuesto sobre las Ventas (IVA), Impuesto Nacional al Consumo y Retención en la Fuente, entre otros; tampoco a los descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social.

Estas nuevas medidas buscan mitigar los efectos negativos en las empresas aquejadas financieramente como consecuencia de la situación de pandemia y se enfocan en la recuperación económica del país.

Las compañías activas y cierres

De acuerdo con Informa Colombia, en mayo de 2021, en el país existían 469.099 empresas activas en las cinco principales ciudades, siendo Bogotá la que concentraba la mayoría (56,1% de las organizaciones). Le seguían Medellín (13,9%), Cali (12,2%), Barranquilla (11,2 %) y Cartagena (6,5%).

Así las cosas, las empresas activas, en el quinto mes del año, crecieron un 11%.

En cuanto a sectores, comercio concentraba el 60,1% de las compañías y la industria, el 16,4%.

En cuanto a la evolución de empresas activas, cuando se compara mayo de 2021 frente al mismo periodo del año anterior, se identifica que los sectores con mayor crecimiento en empresas vivas son comercio (12,6%), servicios financieros (11,9%) e industria (11%).

Respecto a la evolución del cierre de empresas, Informa Colombia registró, entre mayo de 2020 y mayo de 2021, un incremento del 12,2% en este aspecto.

Los dos meses en los cuales se presentó el cierre de una mayor cantidad de organizaciones fueron mayo de 2020, con 33.545 unidades en las cinco principales ciudades, y abril de 2021, con 15.601 unidades en quiebra. Los sectores más afectados fueron turismo (17,1%), transporte terrestre de carga (14,8%), industria (13%) y construcción civil (12,9%).

Cartagena (86,6%), Cali (14,5%), Barranquilla (14%), Bogotá (10,9%) y Medellín (10,3%) fueron las ciudades con más cierres.

Según Sectorial.co, que analiza el riesgo de desempeño económico, a nivel general, el Índice de Riesgo Sectorial de Colombia tuvo una contracción del 10,2% en el primer trimestre del 2021, esto debido a un retroceso en el desempeño de los macrosectores extracción energética, construcción civil, transporte terrestre de carga y turismo. Los sectores con mejor calificación en el Índice, tras la reactivación, son agrícola, comercio, construcción inmobiliaria e industria.