LUEGO de que el presidente Gustavo Petro sancionara el Plan Nacional de Desarrollo el pasado viernes, surgieron críticas por el trámite que tuvo este proyecto en el Congreso de la República.

Desde la compra exprés de tierras, hasta las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Gustavo Petro con las tarifas del SOAT y establecer sobretasas al impuesto predial, son los argumentos con que la oposición trataría de provocar que la Corte Constitucional eche para atrás el proyecto.

Ante esta situación, y principalmente desde los partidos de la oposición, se han anunciado varias demandas por considerar que en el trámite en el legislativo se presentaron varias falencias que son inconstitucionales.

Congresistas del partido Centro Democrático, entre ellos el senador Ciro Ramírez, indicaron que demandarán el Plan Nacional de Desarrollo ante el Corte Constitucional.

“En los próximos días estaremos demandando por inconstitucionalidad, por trámite de forma el Plan Nacional de Desarrollo. En el último debate, a medianoche, advertimos que el texto no fue publicado en la página virtual y los senadores no tuvimos acceso al mismo. Por eso ese Plan Nacional de Desarrollo tiene vicios de forma que advertimos en la plenaria del Senado y también congresistas de diferentes partidos, lo dijeron en la Cámara de Representantes”, explicó Ramírez.

Derechos

Por otro lado, otro de los congresistas que presentará acciones legales será el senador Miguel Uribe Turbay. “El Gobierno de Gustavo Petro se acostumbró a ‘pupitrear’ las reformas y los proyectos en el Congreso para evitar la deliberación pública, el debate transparente, la profundidad en los temas y, especialmente violar los derechos de la oposición. Es por eso que voy a presentar una acción de inconstitucionalidad para demostrar vicios de trámite y procedimiento ante la Corte Constitucional, para proteger los derechos de los ciudadanos, pero, especialmente el Estado de Derecho y el sector productivo, que hoy está en riesgo”, señaló el senador Miguel Uribe.

La polémica se centra en que el pasado 5 de mayo del 2023, cuando se aprobó el PND, el texto no fue publicado en la página web para su estudio.

De acuerdo con el senador, la misma situación se vio con la reforma tributaria y la reforma a la salud. Por lo que su objetivo es radicar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad, en la que busca demostrar que el Plan Nacional de Desarrollo está viciado en su aprobación y que afecta al sector productivo.

“Hoy está en riesgo con una norma completamente inconveniente, que busca que este gobierno se aferre al poder, poniendo en riesgo los recursos públicos y, especialmente condenando a los colombianos a la pobreza, a la informalidad y al desempleo”, destacó Uribe.

Las facultades

Por su parte, la senadora Paloma Valencia cuestionó temas como las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al presidente, en lo que respecta, entre otros temas, a las tarifas del SOAT; la sobretasa sobre el predial, y la nivelación del avalúo catastral, que es la base del predial, a los avalúos comerciales.

“El Plan Nacional fue aprobado con múltiples errores de procedimientos y por eso demandaremos ante la Corte”, recalcó Valencia, quien se ha convertido en una de las más fuertes opositoras a esta iniciativa, que estaba llena de ‘orangutanes’; pese a que manifestó que algunos de ellos, como la ‘expropiación exprés’, se lograron atajar.

Las expropiaciones

Por otra parte, el Partido Conservador anunció sus intenciones de presentar una demanda ante la Corte Constitucional sobre el artículo 61 de este proyecto.

El presidente del partido, Efraín Cepeda, señaló que en dicho artículo hay una “figura de expropiación que pondrá en peligro la propiedad privada en el campo rural de los colombianos que hemos defendido en el partido”.

De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, el artículo establece vías y mecanismos para “facilitar y dinamizar los procesos de tierras por oferta voluntaria”.

Cepeda, expresó su preocupación debido a que se realizaron varios añadidos en el documento final que ambas cámaras aprobaron. En particular, durante su alocución se refirió a un aspecto del punto cinco de dicho artículo, donde se explica cómo serán los procesos de identificación, priorización y compra de predios para hacer efectiva la reforma rural que el gobierno Petro había prometido llevar a cabo durante la campaña presidencial.

“En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar”

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Para el jefe de partido, esto representa una figura de expropiación, y es por eso que le pedirán a la Corte que examine con ‘lupa’ lo que quedó plasmado en el documento.

“Que la Corte Constitucional examine con lupa este artículo 55 convertido en 61 porque, me parece, que aquí hay una figura de expropiación que pondrá en peligro la propiedad privada en el campo rural de los colombianos que hemos defendido en el partido Conservador colombiano”.

Como señaló Efraín Cepeda, durante los debates en ambas cámaras del PND, el ahora denominado artículo 61 solía ser el número 55. Y desde el principio generó una fuerte resistencia entre los partidos opositores al gobierno Petro, quienes manifestaron que este permitiría adelantar procesos de ‘expropiación exprés’ a las tierras cuyos dueños no respondan por ellas.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue una de las primeras en pronunciarse sobre este punto. De acuerdo con la senadora, el artículo fue propuesto por el Pacto Histórico y avalado por Jennifer Mojica, recién posesionada por el presidente Petro como ministra de Agricultura en reemplazo de Cecilia López. Según la proposición del representante Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, la ANT procedería a adquirir predios fértiles mediante negociación directa.

Concretamente, el inciso explicaba que, si ese acuerdo se llegaba a agotar con el propietario de los terrenos a adquirir, “podrá declarar el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral”. Dicha negociación previa tenía duración de diez días calendario a partir del envío de notificación al propietario por parte del Estado.

La propia jefa de la cartera rural desmintió la afirmación de Valencia y mencionó que, dentro de sus primeras labores estaban revisar el PND y las proposiciones relacionadas con la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral.

El representante por Santander Óscar Villamizar, integrante del partido Centro Democrático, anunció que "demandaré por inconstitucionalidad el Plan Nacional de Desarrollo, por vicio en el trámite, incumplir el procedimiento, no permitir el debate y propiciar la expropiación".

Por su parte, la senadora Paola Holguín indicó que: “voté al igual que mi partido el Centro Democrático de forma negativa la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo. Seguramente vendrán muchas demandas por la manera en que se surtió el proceso”.

Puntos de discordia

En el texto del PND aprobado y que generaron controversia, está el que las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Es uno de los artículos que produjeron más polémica, pues algunos advierten que sin los debidos controles podría abrir la puerta a la corrupción.

Otro de los puntos es que la Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones con un mínimo del 40 % y hasta por un 70 % en proyectos de sistemas de transporte público de pasajeros. Algunos parlamentarios de oposición señalaron que con esta disposición el Gobierno financiaría los sobrecostos en la primera línea del metro de Bogotá, en caso de que se acoja la iniciativa del presidente Petro de subterranizar un tramo del recorrido.

Otro artículo cuestionado son los acuerdos de la consulta previa que las entidades con compromisos derivados de escenarios de diálogo y concertación deben hacer con minorías étnicas, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con el destino de recursos para su cumplimiento.