Así lo dictaminó ayer la Sección Tercera al confirmar el auto del 8 de noviembre de 2018 que decretó como medida cautelar la suspensión provisional del Decreto 3004 de 26 de diciembre de 2013
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La medida cautelar impuesta al fracking no impide que Ecopetrol y el Ministerio de Minas hagan proyectos piloto con esa técnica, precisó ayer el Consejo de Estado.

La Sección Tercera advirtió específicamente que la suspensión provisional del Decreto que regula la técnica “no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII), contenidos en el capítulo 14 del Informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas de posibles despliegues de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal, elaborado por el Comité de Expertos convocado por el Gobierno nacional”.

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Así dictaminó la Sección al confirmar el auto del 8 de noviembre de 2018 que decretó como medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 3004 de 26 de diciembre de 2013, “por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”, y de la Resolución 90341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energía, por la cual “se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.

En otras palabras, mantuvo la medida cautelar sobre la exploración de yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracturamiento hidráulico.

La Sección negó la solicitud de sustitución de la medida cautelar, propuesta por Ecopetrol. Sin embargo, en el despacho del magistrado Ramiro Pasos avanza en el estudio de fondo de la demanda contra el uso de la técnica.

De hecho, la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez advierte que la decisión tuvo en cuenta unas recomendaciones de la comisión de expertos del Gobierno pese a la suspensión de las normas que regulan el uso de la técnica de fracturamiento.

“Esta comisión recomienda darles tratamiento de Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), que recomendamos caracterizar como experimentos de naturaleza científica y técnica sujetos a las más estrictas condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control y, por tanto, de naturaleza temporal que deberían poder ser suspendidos en cualquier momento por orden de la autoridad competente y, por ende, tener efectos potenciales limitados en su alcance y en el tiempo”, indicó.

La comisión además apuntó que las condiciones para hacer los experimentos deben superar el dilema de política “que erróneamente contrapone la sostenibilidad económica nacional a la sostenibilidad social y ambiental de los territorios. Debemos asegurar que, en caso de llegarse a dar una futura explotación de Yacimientos de Roca Generadora (YRG) con Fracturamiento Hidráulico con Perforación Horizontal (FHPH), esta se articule a la gestión para la sostenibilidad de los territorios. Las iniciativas deben ser avaladas mediante un proceso de evaluación y seguimiento por parte de un comité independiente con participación de la sociedad civil”.

Igualmente advierte que tanto el Estado como las operadoras y las universidades e institutos de investigación “necesitan combinar esfuerzos para generar el conocimiento necesario de todas las variables geocientíficas, así como un adecuado monitoreo, que permitan gestionar y reducir los riesgos ambientales y cuantificar los efectos reales de la actividad en la región, y realizar modelos propios. En este sentido, es estratégico el desarrollo de proyectos piloto científicos que garanticen de primera mano información para construir y alimentar modelos hidrogeológicos regionales y evaluar con más detalle, por ejemplo, el impacto de la sismicidad inducida, entre otras áreas del conocimiento”.

La advertencia indica que una vez terminados los estudios “deben ser analizados los resultados de la etapa de investigación integral y, observando el principio de precaución, definir si el país está listo para avanzar con la producción comercial. Esta se debería iniciar donde la evaluación costo-beneficio realizada de manera integral genere un balance positivo y donde, según la información recopilada, los riesgos sean manejables”.

Seguridad energética

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, había advertido que la decisión del Consejo de Estado de mantener las medidas cautelares sobre el fracking ponía en riesgo la seguridad energética de los colombianos.

“Sin fracking podríamos decir que pasaríamos de tener un dólar de $3.400 a $5.000. Hoy Colombia produce 900.000 barriles de petróleo, utilizamos cerca de 400.000 barriles en el gasto interno y para eso tenemos reservas en seis años. Cerca de 500.000 barriles son exportados y nos representan dólares. Lo que está en juego la seguridad energética de los colombianos”, le dijo Suárez a Blu Radio.

La jefa de la cartera indicó que “lo que tenemos que decidir es que si el gas y el petróleo que tenemos en el subsuelo lo vamos a utilizar para el provecho de la seguridad energética de los colombianos o si lo vamos a importar porque las reservas de gas, por primera vez, están por debajo de los 10 años y 40 millones de colombianos utilizan hoy gas”.

Hoja de ruta

El senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, le expresó a EL NUEVO SIGLO que “esto es de la mayor importancia, porque recoger las recomendaciones de la comisión de expertos debe ser la hoja de ruta para poder avanzar en este tema tan importante. Permitir los proyectos pilotos me parece que es lo mejor. Este tema ambiental no puede ser ideológico, se deben evaluar resultados científicos para tomar las mejores decisiones para saber si podemos avanzar en el camino de los no convencionales o no se pueden hacer”.

A su turno, la senadora llanera Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), aseguró que “nos sorprende el Consejo de Estado. Habíamos entendido que su postura era mantener la suspensión de las normas que permitían avanzar en el uso de la técnica del fracking, pero estos pilotos nos permitirán establecer qué tipo de impacto ambiental y qué dimensión tendría el uso de esta técnica en el país”.

En diálogo con este Diario, el senador Eduardo Emilio Pacheco, de Colombia Justa Libres, afirmó que “el Consejo de Estado se acoge al principio de precaución, lo que abre la posibilidad de crear proyectos piloto integrales. Esto abre una pequeña puerta para que el Gobierno realice unas pequeñas exploraciones en sitios muy particulares, lo que no indica que al final vaya a haber fracking. Mientras el Consejo de Estado no revoque la decisión implica que estamos en el mismo punto: en Colombia no va a ser posible este tipo de exploraciones”.

Por otro lado, el senador Guillermo García, del Partido Liberal, indicó que “esta decisión puede estar violentando el principio de precaución, porque este manifiesta que si no hay certeza científica en una decisión de Estado se privilegia la salud y el medio ambiente. Hoy no hay seguridad científica. No existe en el mundo. Por lo tanto debe suspenderse cualquier acción que vaya encaminada a la aprobación de esta técnica”.

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, le manifestó a este Medio que “lamentablemente esta decisión implica que el Gobierno está avanzando en imponer el fracking en Colombia. Creo que eso resume esta decisión. Este es un paso que avanza en esa dirección. Las presiones económicas que hay son muy grandes. La Ministra de Minas salió a decir que este era el fin del mundo para el país, si no se desarrollaba esta técnica de fracturación hidráulica. De modo que hay una manipulación muy grande del Gobierno nacional que está haciendo que las decisiones que se tomen no sean las decisiones ilustradas que se deben tomar. Hay casi una especie de chantaje al país para que se apruebe esa tecnología que implica un altísimo riesgo”.