LA CONTRALORÍA General de la República a través de su delegada para el sector Vivienda y Saneamiento básico, realizó una auditoría financiera a los estados contables de las Empresas Municipales de Emcali, en la que determinó hallazgos fiscales por $17.411 millones ante una serie de riesgos e irregularidades que afectaron el proceso contable y presupuesto de la entidad.
Estas irregularidades que denuncia el ente de control ocurrieron en 2022 durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina, de la Alianza Verde.
El hallazgo de mayor cuantía se estableció por la suscripción de una adición la cual no se encontraba permitida de acuerdo con los términos de referencia del contrato que tenía como objeto: diseñar, construir y poner en operación técnica y comercial la Subestación Arroyohondo, la línea asociada doble circuito entre las subestaciones y Termoyumbo, las bahías respectivas, de acuerdo con el plazo y las especificaciones técnicas definidas por Emcali.
La Contraloría General considera que el ente auditado conocía el alcance del contrato y quedó demostrado que la construcción de la caseta Termoyumbo y todas sus obras asociadas, equipos de control y medida, entre otros, eran del alcance y obligación en el contrato inicial.
De acuerdo con la investigación se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el daño patrimonial al Estado en cuantía de $13.161 millones correspondientes a la adición realizada en un otrosí, la cual no se encontraba permitida de acuerdo con los términos de referencia del contrato.
Otro hallazgo importante corresponde al valor pagado por el suministro e instalación de las 12 pantallas publicitarias en la zona del Bulevar del Río en Cali que no se encuentran operando o prestando un servicio, contraviniendo lo establecido en la Constitución. Este hallazgo sería por $2.798 millones.
En total, la auditoría hecha por la Contraloría General estableció 27 hallazgos administrativos, de los cuales 22 tienen presunta incidencia disciplinaria, una con presunta incidencia penal y siete con incidencia fiscal en cuantía total de $17.411 millones, los cuales serán trasladados a las instancias competentes para su trámite.