A los embargos contra las cuentas del Consorcio CCC, constructor de Hidroituango, debido al presunto detrimento patrimonial encontrado en el proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la República decidió adelantar más medidas cautelares por esta obra: embargó las cuentas de Luis Alfredo Ramos, en calidad de gobernador de Antioquia, con asiento en la junta directiva de Hidroituango y de Aníbal Gaviria Correa, como alcalde de Medellín para la época de los hechos.
Esta misma determinación fue impuesta a Jesús Arturo Aristizábal y Álvaro Julián Villegas Moreno, como miembros de la Junta Directiva.
Esto dentro del proceso de responsabilidad fiscal que lleva el órgano de control por un detrimento patrimonial de más de $4 billones en la Hidroeléctrica.
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En diciembre de 2020, la Contraloría imputó cargos por este caso a 28 personas naturales y jurídicas, entre ellas 19 funcionarios o exfuncionarios -como exgobernadores y exalcaldes- por lo que consideró fueron "una cadena de errores" en la contratación y ejecución de la hidroeléctrica de Ituango, lo que llevó a que el proyecto se atrasara, tuviera sobrecostos, riesgos sociales y ambientales, y pérdidas de recursos públicos.
En esta imputación, a Aníbal Gaviria la Contraloría lo señaló de que como alcalde de Medellín (2012-2015) por acción y omisión llevó a que las inversiones en Hidroituango se aumentaran “de manera injustificada” por su falta de control, pese a que era el jefe de la administración local.
Y a Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, la Contraloría le reprochó por omisión, porque debía controlar a Álvaro Vásquez Osorio, el gerente que nombró en el Idea (propietaria mayoritaria del proyecto), y cuyas supuestas malas actuaciones llevaron a que en el 2008 no se suscribieran a tiempo los contratos para construir las vías de acceso a las obras, se hicieran sin licencias, o se improvisara en los cambios de la altura de la presa.
Argumentos
En la justificación de la medida, según la CGR está consignado que a través de un oficio del 18 de septiembre de 2020 el despacho le pidió al Grupo Búsqueda de Bienes Unidad Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes de la Contraloría investigar sobre los bienes de ellos dos, como presuntos responsables fiscales.
Se obtuvo información el primero de octubre de ese año, sobre Gaviria, se hallaron cuatro cuentas bancarias, y de Ramos, se registran dos. Sobre estas cuentas la contralora decretó el embargo y retención de dineros por la suma de hasta $4.230 millones.
En el caso de Álvaro Villegas, la solicitud de investigar sus bienes se hizo el 18 de noviembre de 2019 y el 28 de septiembre de 2020; y el primero de octubre de ese año se encontraron dos cuentas sobre las cuales se decretó la retención y embargo, así mismo, por hasta $4 billones 230 mil millones.
Las medidas cautelares decretadas contra los cuatro, durarán, establecen los autos, hasta que termine el proceso de responsabilidad fiscal. "De proferirse fallo con responsabilidad fiscal, las mismas se extenderán hasta la culminación del proceso de cobro coactivo", añade el documento.
Impacto
De acuerdo con la analista de la agencia calificadora Moody’s Investors Service, Roxana Muñoz, “la orden de embargo a cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto”.
Como se sabe, en varias oportunidades este año el líder del proyecto, EPM, ha dicho que el proyecto hidroeléctrico más importante de Colombia sigue confirmado para iniciar operaciones el próximo año.
La noticia sobre el embargo de las cuentas, dijo la analista de Moody´s, “sería un factor crediticio negativo para Empresas Públicas de Medellín”.
Al conocerse el fallo de la Contraloría de Colombia ordenando el embargo de las cuentas de uno de los contratistas de Hidroituango, EPM dijo que evaluará sus implicaciones con el Gobierno.