Congresistas de las comisiones económicas, terceras y cuartas de Senado y Cámara, se reunirán hoy en la Presidencia de República para discutir el proyecto que pronto debe iniciar su trámite

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Congresistas de las comisiones económicas, terceras y cuartas de Senado y Cámara, se reunirán hoy en la Presidencia de República para discutir el proyecto de reforma tributaria, que pronto iniciará su trámite en el Congreso de la República.

En menos de dos meses la iniciativa, que busca ratificar disposiciones contenidas en la ley de financiamiento del año pasado, que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma, debe estar aprobada en sus cuatro debates en menos de dos meses.

Congresistas consultados por EL NUEVO SIGLO indicaron que aún no se han definido los ponentes ni se tiene fecha exacta del inicio de su trámite, que sería la próxima semana. Esto se determinará tras la reunión. “Por competencias le corresponde a la comisión tercera recibirlo. Debe estar por fijarse los ponentes porque la semana pasada nosotros no sesionamos”, señaló uno de los parlamentarios consultados.

“En la reunión me imagino que el Presidente hará la exposición del proyecto de ley que entendemos es el mismo que está aún vigente. Hasta ahora nos llegó el texto del proyecto. Hay que estudiarlo y mirar con detenimiento algún cambio”, agregó.

En relación sobre posiciones de bancada, los parlamentarios manifestaron que es necesario, en primer término, que se socialice la iniciativa para que se tomen las decisiones correspondientes.

Contrarreloj

El proyecto de reforma tributaria enfrenta una carrera contra el reloj, ya que debe quedar listo en diciembre antes que los legisladores se marchen de vacaciones. La iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene 110 artículos, quien explicó que algunos de los artículos fueron suprimidos porque perdieron su vigencia, pero enfatizó en la similitud del texto que no pasó el examen de la Corte.

La propuesta propone ratificar las disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018, con los ajustes mínimos necesarios para eliminar o modificar aquellas disposiciones que cumplieron con su objetivo en 2019, porque tenían una vigencia limitada a ese año y no se consideró pertinente volver a establecerlas para 2020 y siguientes periodos.

“Las modificaciones simplemente se dan por el paso del tiempo y no alguna modificación que tuviera que ver con la estructura del proyecto que se radicó hace un año aquí mismo”, expresó Carrasquilla.

Para el Gobierno lo fundamental es que el Congreso apruebe rápido el proyecto y no se modifique en grado alguno. Pero otra cosa piensa el Legislativo y sobre todo las diferentes bancadas que tienen intereses en el articulado.

El presidente Iván Duque solicitó al Congreso de la República aprobar el texto radicado por el Gobierno nacional.  “El mensaje al Congreso es: por favor señores del Congreso ayúdenle a Colombia, trabajemos todos de la mano; así como ustedes ya la votaron, y así como está vigente, démosle continuidad a partir del 1° de enero del año 2020”, afirmó el Mandatario en entrevista a la emisora Todelar. Agregó que “tenemos todos que trabajar por este propósito nacional, pensar más en Colombia y menos en los criterios que nos dividen”, y enfatizó en que es “importante” que “el debate en el Congreso podamos hacerlo lo suficientemente rápido para darle seguridad jurídica al país”.

En cuanto a los puntos que más podrían generar obstáculos está el de la sobretasa al sector financiero. El abogado y economista José Roberto Acosta explicó que este factor se ha demandado “por ser discriminatorio y violar el principio de igualdad en materia de ley, la cual debe ser igual para todos”. Acosta también resaltó que los aranceles a la industrial textil podrían ser un tema de controversia.

Este punto había sido demandado en marzo por Asobancaria ante la Corte Constitucional. La medida establece que las entidades financieras tienen que pagar una tasa extra de cuatro puntos por encima del impuesto de renta en 2019 y de tres puntos porcentuales entre 2020 y 2021.

¿Habrá más cambios o no?

Existe la inquietud de si el proyecto tendrá cambios durante su trámite. Desde los partidos de gobierno se considera que los puntos centrales de la ley, recientemente hundida, se deben mantener por los beneficios que ha generado al país. El senador Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático, señaló a este medio la semana pasada que “hay un texto que aprobado, no tuvo discusión de fondo en la Corte Constitucional. Las razones por las que fue declarado inexequible fueron de forma y no de fondo. Este es un proyecto beneficioso para el país, que demostró que impulsa la economía. Ha motivado la inversión que durante el primer trimestre creció en 24%, ha incentivado la inversión en bienes productivos, que son los que jalonan la economía. Yo sería partidario de aprobar lo aprobado sin demeritar la deliberación del Congreso”, dijo Araújo, que señaló que la iniciativa es clave para “darle estabilidad a la economía” y “reducir la incertidumbre”. “No solo generó un mayor crecimiento económico sino que ha formalizado a pequeños empresarios. Le ha dado impulso al emprendimiento y también a sectores muy importantes como el sector agropecuario. Y, además, tiene algo que a mí me gusta mucho y es que va a combatir la evasión con la factura electrónica”, agregó.

En el mismo sentido, el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, afirmó que el texto no debe tener mayores modificaciones. No obstante, afirmó que se deben agregar iniciativas para reactivar la generación de empleo en el sector rural. “Agregaría iniciativas que nos permitan reactivar el empleo en el campo, que es lo que aún no reacciona. Estamos buscando unas iniciativas para ayudar a que esto reaccione. Si se mira el tema del desempleo, donde están las mayores cifras es lo rural. La destrucción de empleos en el campo es preocupante. Tenemos que aprovechar la oportunidad”, sostuvo.

Mientras que desde la oposición sí consideran que deben realizarse modificaciones. El senador Juan Luis Castro, de Alianza Verde, afirmó que se deben analizar las exenciones tributarias que contempla el proyecto. “Esas exenciones tributarias le representan al país un costo de $8,5 billones anuales. El Ministro debería analizar cuáles exenciones sirven y cuáles no con académicos, con una comisión de expertos”, dijo.