Ante los drásticos alcances del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso, pretendiendo recaudar $25 billones, no pocas voces han pedido que se busquen otras alternativas para allanar recursos, dejando claro que se entiende que la posibilidad de acudir a un mayor endeudamiento público está descartada, ya que los índices de este se dispararon debido al gasto presupuestal extraordinario que se hizo para enfrentar el coletazo sanitario, económico y social de la pandemia.
Los grandes empresarios han sido los más propositivos, además de aquellos sectores que se verán más impactados por los mayores cobros impositivos que se aplicarían a quienes tienen patrimonios altos, que superan los $3.000 millones; también a personas que derivan gran parte de sus ingresos de dividendos accionarios o quienes perciben salarios por encima de los $10 millones mensuales.
De allí que varios gremios hayan dialogado con el Gobierno y la rama legislativa para poner en consideración algunos puntos de la iniciativa de impuestos. EL NUEVO SIGLO presenta un tablero de las propuestas al Ejecutivo y el Congreso para encontrar recursos desde distintas aristas diferentes a las típicamente tributarias. Entre ellas están monetizar más rápido los bienes incautados al narcotráfico o echar mano de los ingresos de Ecopetrol. También se plantea vender activos estatales improductivos y, sobre todo, apretarse más el cinturón en cuanto a gasto público, especialmente en materia de funcionamiento.
- Monetizar bienes incautados
La agremiación de comerciantes fue la primera en pedir que se vendan más ágilmente parte de los bienes que han sido incautados o sometidos a extinción de dominio, que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
“Más que un proyecto de reforma tributaria se debe replantear, en un proyecto de sostenibilidad fiscal, que en sus fuentes incorpore la venta de activos improductivos del Estado, los recursos por $22 billones incautados al narcotráfico, los recursos provenientes de la lucha contra la corrupción, la evasión, la elusión y la lucha contra el contrabando. Y que de otra parte, estime un importante esfuerzo en la reducción de gastos burocráticos y de funcionamiento, además de la reducción del tamaño del Estado. Adicionalmente, se debe precisar el uso de los recursos recaudados”, dijo días atrás el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.
No obstante, el presidente Gustavo Petro ya había dado una directriz acerca del uso de dichos activos. El mandatario recalcó que los bienes en extinción de dominio que administra la SAE pasarían a ser “la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas”.
El propio presidente del Senado, Roy Barreras, habló de monetizar rápidamente los bienes incautados, dejando un porcentaje de los ingresos por ese concepto para constituir un fondo presupuestal que les responda a los propietarios en caso de que la justicia ordene devolvérselos al no encontrar nada ilícito.
- Vender acciones de Ecopetrol
Como se sabe, el Congreso dio vía libre, hace algunos años, para vender el 20% de los títulos valor que poseía el Estado en la estatal. Sin embargo, no todo el paquete accionario se privatizó, solo un 12% aproximadamente.
Como se indicó el fin de semana en este Diario, una de las opciones planteadas en el Congreso como fórmula alternativa para conseguir más recursos y así disminuir la drasticidad del proyecto de reforma tributaria es que se pueda vender alrededor del 8% de acciones que Ecopetrol que están pendientes de enajenar.
Para algunos parlamentarios ese porcentaje restante, vistas las ganancias récord de la compañía este año y el buen panorama del mercado de los hidrocarburos a nivel nacional e internacional, podría ayudar a suplir una parte importante de los $25 billones que se necesitan para sobreaguar las urgencias fiscales a corto y mediano plazos.
No obstante, algunos parlamentarios de la oposición han advertido que no tiene lógica alguna sacar a la venta ese porcentaje restante de las acciones de Ecopetrol por parte del mismo Gobierno que ha insistido en que debe procederse a marchitar los procesos de exploración petrolera y acelerar la transición energética a fuentes limpias y sostenibles.
- La plata de Ecopetrol
Otra de las opciones que se ha puesto sobre el tapete es que ante las ganancias récord de Ecopetrol en el primer semestre, la Nación reconsidere su medida de suplir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (que ya supera los $25 billones) y que, dadas las urgencias fiscales, destine las billonarias transferencias de Ecopetrol a sufragar una parte del déficit fiscal y la necesidad de más recursos.
Como se sabe, semanas atrás la estatal petrolera informó que las ganancias en los primeros seis meses de este año fueron de $17,1 billones, superiores a las de todo el año pasado.
Otros han planteado una nueva venta de acciones, pero esa alternativa no está en el plan de inversiones de la compañía.
Por ejemplo, un informe de Bancolombia señala, sobre la emisión de acciones, que “con la información disponible sigue siendo poco probable, dado que con el plan de inversión expuesto y los supuestos conservadores de precio de Brent US$60-63 por barril, Ecopetrol espera suficiente efectivo para financiar sus operaciones”.
“La meta de largo plazo de Ecopetrol para 2040 es mantener el Ebitda consolidado que proyectamos para 2022, pero con un cambio significativo en la composición por negocios. En nuestros cálculos, Ecopetrol esperaría que el Ebitda de petróleo y gas disminuya 31% para 2040, y el Ebitda de los negocios de bajas emisiones se triplique”, se lee en el informe.
- Austeridad en el gasto
Este punto es de los más reiterados. Distintas bancadas en el Congreso, gremios, analistas e incluso el propio Gobierno lo han tocado.
Uno de los más propositivos fue el partido Cambio Radical, que publicó la semana pasada una misiva sobre los puntos en los que se debería replantear la posición del Gobierno. En su carta la colectividad indica que “si se va a exigir al país el sacrificio de pagar nuevos tributos por más de $25 billones, el Gobierno debería tomar decisiones en materia de austeridad, como por ejemplo la reducción del gasto público en funcionamiento. De acuerdo con el presupuesto para el 2023 se prevé en este rubro un gasto de $213 billones, un ahorro del 10% serían $21,3 billones, esto sería una parte de la solución para que los nuevos tributos afecten en lo mínimo a los ciudadanos”.
El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, explicó que gran parte del gasto público se está destinando al subsidio de la gasolina, y por eso ocupa un importante espacio fiscal. Aunque el proyecto tributario inicial planteaba eliminar algunos de estos subsidios en zonas de frontera, ya el Gobierno desechó la idea. Aún así, varios expertos consideran que debe repensarse esta negativa, no solo en las zonas de periferia sino para subir los precios de los combustibles en todo el país.
También desde centros de estudios económicos y políticos se ha planteado la opción de disminuir el tamaño del aparato estatal, considerando que hay una serie de entidades cuyas funciones podrían ser derivadas a otras. Por ejemplo, el número de agencias se multiplicó y allí podría aplicarse un recorte. También pide repensar la creación de dos ministerios más (el de Igualdad y el de Seguridad Ciudadana) y que la orden presidencial de acabar con las “nóminas paralelas” se cumpla de verdad y no que simplemente se cambie un volumen de contratistas del anterior gobierno por otro de esta nueva administración.
- Vender activos improductivos
Esta opción también está sobre la mesa. De hecho, varios gremios, exministros y académicos han advertido que el Estado tiene una serie de activos que son improductivos, no solo desde el punto de vista típicamente económico, sino de su función social.
Por ahora se sabe que ya el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, abrió la posibilidad de vender algunas electrificadoras regionales, aunque no a privados sino a empresas oficiales como Empresas Públicas de Medellín o el Grupo Energía de Bogotá.
Para otros gremios, hay más entidades del orden nacional y regional que son susceptibles de ofrecerse al sector privado. Hay algunas empresas industriales y comerciales del Estado en donde la Nación tiene pequeños porcentajes accionarios, que podrían evaluarse. Sin embargo, es claro que los gobiernos de izquierda son poco dados a estos procesos de enajenación de instituciones públicas.