SI EL Gobierno consideró que con la cascada de intervenciones en las empresas prestadoras de salud (EPS), se arreglaría en cadena no solo la atención en salud, sino las complicaciones en el sistema, está ocurriendo todo lo contrario.

La intervención en abril del año pasado a la EPS Sanitas, ordenada por la Superintendencia de Salud, fue demandada en el exterior por sus propietarios, las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital.

Los empresarios instauraron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para exigirle a Colombia una compensación de US $1.200 millones.

Argumentan los dueños de Sanitas que la medida tomada por la Superintendencia en abril de 2024 constituyó una “expropiación indirecta” y, además, va en contra de un acuerdo suscrito entre Colombia y España para la protección recíproca de inversiones.

Las razones

Los accionistas del grupo Keralty señalan en un comunicado que las medidas tomadas por el Gobierno “constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana en general”.

Por esa razón, y ante las dificultades para llegar a una “resolución amistosa” de la disputa, el grupo empresarial, que en abril pasado ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud colombiano, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas, expuso el caso ante el Ciadi.

Señalan que “en la medida en que todos los esfuerzos realizados por los accionistas del grupo Keralty fueron infructuosos (...) se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados por el Estado colombiano”.

Costosa compensación

Sobre esta situación, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo en su cuenta de X que, si la demanda surte efecto, el Estado colombiano tendría que asumir una costosa compensación, esto en medio de una situación financiera preocupante, que trata de resolverse con una política de austeridad. En consecuencia, aseguró que los responsables deberían dar aportes con sus propios recursos.

“Las demandas internacionales sobre el tema de Sanitas van a ser muy costosas para Colombia. Los petristas que tomaron esas decisiones abusivas e ilegales deberían responder con su propio patrimonio”, precisó Valencia.

En su momento, la parlamentaria aseguró que la decisión tomada por la entidad de vigilancia evidenciaba un interés de carácter político por parte del Gobierno nacional, que, a su juicio, tendría características propias de una dictadura.

“Se la entregan a un interventor que se va a robar todo, como se han robado todas las EPS en este país, porque el peor momento de la salud colombiana es cuando el Estado la toma, porque se la entregan a los políticos para que la depreden”, indicó Valencia en el Congreso de la República.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su preocupación, señalando que la intervención podría llevar al estatismo y afectar la inversión privada en el sector salud. Por su parte, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, calificó la acción como una represalia del Gobierno ante la falta de apoyo en el Congreso para la reforma a la salud, y advirtió sobre posibles riesgos para la vida de los pacientes.

Defensa

Para la medida tomada por la Supersalud, el presidente Gustavo Petro la defendió y dijo que es responsabilidad del Gobierno nacional garantizar el derecho a la salud y salvar el sistema, que se ha visto envuelto en varias denuncias por malos manejos de los recursos públicos, destinados a la atención de los ciudadanos.

“El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”, aclaró en ese momento Petro.

El año pasado, los accionistas de Sanitas, luego de la intervención presentaron una tutela alegando irregularidades en la medida, la cual fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, la Corte Constitucional ha anunciado que revisará el caso, lo que podría derivar en un pronunciamiento sobre la legalidad de la intervención y sus implicaciones para los usuarios del sistema de salud.

Ante esta situación, las asociaciones de usuarios han manifestado su preocupación por las posibles afectaciones en la calidad y continuidad de los servicios de salud. Denis Silva, de la Asociación Pacientes Colombia, señaló que los litigios internacionales no benefician ni al sistema de salud ni a los usuarios, y expresó inquietud por la capacidad instalada que tiene el Grupo Sanitas en el país.

Por su parte, Álvaro Molina, vocero de la Asociación de Usuarios de Sanitas, advirtió que las intervenciones anteriores han terminado en liquidación, lo que genera incertidumbre entre los afiliados.

Más allá de las implicaciones legales y financieras, esta disputa pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano.

Lo que se espera

Por otra parte, se conoció que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) ha asumido la representación de Colombia en este proceso ante el Ciadi. En un comunicado, la Andje afirmó que está preparada para defender la legalidad de las acciones emprendidas por el Gobierno y demostrar que la intervención de la EPS Sanitas se realizó con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes y garantizar la prestación de servicios esenciales.

Según se conoce sobre el arbitraje internacional ante el Ciadi, éste se desarrollará en varias fases, comenzando con un intento de conciliación directa entre las partes. Este mecanismo busca evitar el establecimiento formal de un tribunal arbitral mediante un acuerdo amistoso.

Opciones

Sin embargo, si la conciliación fracasa, se avanzará hacia una etapa de demanda formal, en la que nuevamente se buscarán opciones de conciliación antes de la instalación del tribunal que decidirá sobre las pretensiones económicas de las empresas demandantes y la defensa del Estado colombiano.

Este proceso podría extenderse hasta cinco años, tiempo durante el cual la defensa del país estará liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Además, la intervención de la EPS Sanitas enfrenta paralelamente tres demandas en el Consejo de Estado, incluyendo una presentada por el Partido Cambio Radical, que podría resolverse este año. Este contexto jurídico prolongado pone de manifiesto los múltiples frentes legales que deberá atender Colombia en relación con esta controvertida medida.

La intervención de la EPS Sanitas, que cuenta con cerca de 5,7 millones de afiliados, fue ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 2 de abril de 2024. La decisión se basó en “el estado de la situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de los usuarios” de la entidad.

Otras demandas a la salud

En septiembre pasado, el Consejo de Estado admitió en única instancia la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 2024420000003568-6, la cual ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Asimismo, en noviembre de 2024, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) interpuso una demanda contra el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

La acción señala la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno para mitigar la crisis ante la falta de medicamentos, acusando a las entidades demandadas de ser responsables de la amenaza y vulneración de derechos fundamentales.